El pasado 9 de enero tuvo lugar una reunión entre Mamen Sánchez, Francisco Camas y la plataforma Laicista de Jerez. En ella, se le trasladó a la alcaldesa por parte del colectivo la preocupación “por las subvenciones encubiertas a actos o entidades religiosas” y “por la asistencia a nivel institucional de representantes del Ayuntamiento a cultos religiosos, lo que viola la aconfesionalidad del Estado recogida en la Constitución”.
El Ayuntamiento se comprometió a “estudiar los bienes que no pagan el IBI y a pedir un listado de las inmatriculaciones”.
Según esta plataforma, “en dicha reunión expusimos nuestra preocupación por la asistencia a nivel institucional de representantes del Ayuntamiento a cultos religiosos, lo que viola la aconfesionalidad del Estado recogida en la Constitución (acto del Día de la Merced, Traslado del Pendón, entrega del bastón de mando a la Hermandad del Cristo de la Viga, etc.). También expresamos nuestra contrariedad por las subvenciones encubiertas a actos o entidades religiosas (palcos de Semana Santa que son guardados e instalados por el Ayuntamiento y cedidos a las Hermandades a cambio de nada; convenios en los que la dirección facultativa y la realización de los proyectos básicos y de ejecución de diversas obras en iglesias concretas corren por cuenta del servicio de Urbanismo del Ayuntamiento…)”.
El comunicado recoge: “Hablamos también de la necesidad de que el Ayuntamiento defienda los monumentos que son de todos los jerezanos, como la Torre de la Atalaya, adjunta a la iglesia de San Dionisio, que es propiedad municipal y BIC, o la Cartuja de Jerez, que no puede visitarse en su integridad y que es propiedad del Estado. Considerando que los próximos 17 y 18 vamos a celebrar, junto con el CEHA y la coordinadora Recuperando, unas Jornadas sobre la Cartuja de Jerez, les invitamos formalmente a participar en ellas, en particular a una mesa redonda entre los grupos políticos locales.
Nos preocupan especialmente los bienes inmatriculados por el Obispado, cuya inmatriculación puede haberse realizado de forma alegal, y hemos pedido que el Ayuntamiento solicite el listado de los bienes inmatriculados en el municipio para ver si cumplen la legalidad. Igualmente, hemos pedido que se investiguen los bienes inmuebles que no pagan el IBI, lo que supone una importante pérdida de ingresos para el Ayuntamiento”.