Acusan de machismo al Ayuntamiento de Jerez

14/01/19 +Jerez Redacción
María José Soto Molina ha convocado a los medios de comunicación, a través de su bufete de abogado por ser una “trabajadora despedida y discriminada por la empresa pública Comujesa y el Excmo. Ayuntamiento de Jerez tras haber ganado un proceso judicial que reconoce el fraude de su relación laboral con dicha empresa”.

Según afirma en nota de prensa, el mismo día en que Comujesa y el Comité de Empresa conocieron el fallo “la eliminan de los cuadrantes de la semana siguiente”. Posteriormente fue “dada de baja en la seguridad social sin explicación oficial alguna”.

“La trabajadora es una de las tres mujeres que están en la lista de más de 80 empleados que conforman la lista de trabajadores temporales regulados por bolsa”. Sus abogados defienden que “se le cesa por ganar un juicio y por ser mujer”, pues tras darse esta situación se han dado “contratos de fijeza a tres trabajadores hombres que no habían reclamado”.

La exempleada ha decidido demandar a Comujesa, al Ayuntamiento de Jerez; a José Antonio Díaz Hernández (PSOE), teniente de alcaldesa de sostenibilidad, participación y movilidad; a Ana Mría Ramírez Racero, directora y responsable del departamento de RRHH; a San Honorio, presidente del Comité de Empresa de Comujesa; y a Francisco Ramírez Delgado, gerente de Comujesa. 


La empleada “ha presentado una nueva demanda por despido nulo con vulneración de derechos fundamentales y en solicitud de indemnización por daños y perjuicios contra Comujesa y quienes entiende que son responsables de esta nefasta gestión por la que se discrimina a los trabajadores que le son reconocidos los derechos judicialmente, a las mujeres infrarepresentadas en una actividad como es la de conducción de autobuses dentro de una empresa pública dependiente del Ayuntamiento, discriminándose a los trabajadores que no están afiliados al sindicato del Presidente del Comité de empresa, siendo nula, ilegal y que produce perjuicio a las arcas municipales la tomada por la responsable de RRHH, el Gerente de la empresa y el propio Concejal responsable de Movilidad”. 

"Este flagrante atentado a los derechos fundamentales será defendido, en caso de no tener la respuesta que la Ley española determina, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos denunciándose y demandándose todas las irregularidades y responsabilidades de toda índole que se puedan conocer en la tramitación de este y los otros procedimientos", finaliza la nota.

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