Andalucía reconduce el debate nacional de la PAC para garantizar certidumbre al agro andaluz

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha informado al Consejo de Gobierno sobre las negociaciones relativas al diseño del Plan Estratégico Nacional de la nueva Política Agrícola Común (PAC), documento que guiará su aplicación a nivel nacional a partir de 2023. El Gobierno andaluz ha logrado reconducir este debate nacional para garantizar certidumbre al sector agrario de la comunidad autónoma ante la propuesta presentada inicialmente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que incluía cambios bruscos en un modelo de aplicación que ha demostrado su éxito para avanzar en rentabilidad, estabilidad y fijación de la población en el territorio andaluz.

La Junta ha forjado una fuerte alianza para luchar por la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos de la región en la reforma de la PAC y, con este objetivo, la Consejería de Agricultura ha trasladado una postura consensuada con sus representantes a las diversas reuniones nacionales que abordaban esta cuestión. La unidad y el diálogo constante con los productores de la región, que son, en definitiva, los principales afectados por el cambio de la política europea, ha sido la máxima que ha guiado al Gobierno andaluz en este proceso.

Esta unión se verá también reflejada en la propuesta que presenta el 21 de julio el Gobierno andaluz en la reunión técnica que tendrá lugar en la sede del Ministerio de Agricultura. Esta posición regional se consensuará el 20 de julio en el marco de la Mesa de Interlocución Agraria convocada a tal efecto y con la participación de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y de los representantes de las organizaciones profesionales agrarias (Asaja, COAG y UPA) y de cooperativas agroalimentarias.

El Ejecutivo andaluz ha mantenido durante las negociaciones una postura clara y sin cambios, si bien ha presentado cierta flexibilidad, dentro de unos límites coherentes, para poder alcanzar el necesario acuerdo nacional. Esta voluntad de diálogo por parte de las comunidades autónomas ha permitido que el 14 de julio se sentaran las bases políticas del Plan Estratégico Nacional, a excepción de los aspectos relativos a los ecoesquemas, cuyo debate se ha aplazado al mes de septiembre a petición de la consejera andaluza.

Atendiendo a las bases políticas acordadas en Madrid, la Junta valora que se recupere el término de "agricultor activo" en detrimento del "agricultor genuino", ya que, de esta forma, se incluye a aquellos profesionales que desarrollan otras actividades, pero que tienen en la agricultura y la ganadería un importante complemento de su renta.

En cuanto a las regiones productivas de España, éstas podrían quedar reducidas a 20, una cantidad que se adaptaría, en gran medida, a la diversidad productiva de Andalucía. Destaca en este ámbito que la veintena de regiones es el límite máximo de la horquilla planteada por el Ministerio, que proponía reducirlas incluso hasta cuatro.

Por otro lado, las líneas básicas aprobadas por las comunidades autónomas españolas mantienen el sistema de gestión de ayudas basado en derechos, como defendía Andalucía frente a otros territorios, y que permite continuar con la ventaja competitiva que hasta ahora tenían los jóvenes para acceder a la actividad agraria. Asimismo, abren la posibilidad de incorporar las frutas y hortalizas entre los perceptores de las ayudas directas, como se venía demandando desde la Junta, y, por otro lado, incluyen la creación de un programa sectorial para el olivar tradicional.

Los representantes de Agricultura de las diferentes comunidades autónomas vienen trabajando desde 2019 con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para acordar las líneas de esta planificación, que debe aprobarse en España antes del 31 de diciembre de 2021 para evitar retrasos en las ayudas que percibirán los agricultores y ganaderos durante el nuevo marco (2023-2027). Por tanto, los trabajos técnicos encaminados a concluir la redacción del plan español que se presentará a Bruselas, continuarán durante el último cuatrimestre del presente año.

Diseño de los ecoesquemas

En respuesta a la solicitud de la consejera de Agricultura de Andalucía, los responsables de la política agrícola en España han acordado posponer el debate sobre los ecoesquemas, para así poder celebrar reuniones técnicas en las que se analice el diseño de este nuevo instrumento medioambiental que se incorpora en el próximo marco 2023-2027.

Durante su intervención en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural del 14 de julio, Andalucía expuso la necesidad de llevar a cabo un estudio detallado de esta herramienta teniendo en cuenta, por un lado, la diversidad agronómica y de territorios de España; y, por otro lado, la importancia que tienen los ecoesquemas en la asignación de las ayudas directas. En concreto, el 23% de la dotación total de la PAC 2023-2027 depende de la aplicación de estos instrumentos.

El Gobierno andaluz apuesta por articular ecoesquemas atractivos con el fin de que se acojan a ellos el mayor número posible de agricultores y ganaderos, y que, de esta forma, España contribuya al cumplimiento de los objetivos medioambientales marcados por Europa.

Reforma de la PAC a nivel europeo

La negociación del Plan Estratégico Nacional se enmarca en la reforma de la PAC propuesta por la Comisión Europea en 2018 y que, tras tres años de debate, ha concluido el pasado mes de junio con un acuerdo provisional en el que el Gobierno andaluz encuentra aspectos más positivos que otros.

La principal ventaja que supone para los agricultores y ganaderos es que les aporta certidumbre, si bien la Consejería de Agricultura de Andalucía echa en falta algunas medidas necesarias para el sector andaluz. Éste es el caso, por ejemplo, de mecanismos de gestión de mercados que permitan asegurar a los productores unos precios justos y evitar situaciones de competencia desleal por parte de terceros países. Asimismo, la reducción del presupuesto y el aumento de las exigencias ambientales a los agricultores y ganaderos se conciben también como aspectos que aportan complejidad para el acceso a unos fondos comunitarios que son de gran importancia para los andaluces.

La PAC ha contribuido decisivamente a configurar el actual sistema agroalimentario de Andalucía, que es la comunidad autónoma española que más ayudas comunitarias recibe y uno de los perceptores más importantes a nivel europeo. Asimismo, el sector agroalimentario andaluz es, gracias a su capacidad de adaptación a las nuevas prioridades que se han ido marcando en esta política, por su competitividad y por su sostenibilidad, el responsable de haber conseguido gran parte del presupuesto que actualmente les corresponde a los productores de España para el próximo marco de la Política Agrícola Común.

Sector agroalimentario andaluz

Andalucía aporta el 36% de la renta agraria nacional, recibe el 27% de los fondos de las ayudas de la Política Agrícola Común, ya que aglutina al 33% de los perceptores de estas subvenciones.

Actualmente, el sector agroalimentario andaluz emplea a alrededor del 10% del total de trabajadores de Andalucía. En cuanto al Valor Añadido Bruto (VAB), esta actividad aporta en torno al 9% del total de la comunidad autónoma, si bien este porcentaje se eleva hasta el 16% si se incluyen en el cálculo las industrias relacionadas con esta actividad al encargarse de proveer insumos o transportar y distribuir los productos. Si se analiza la contribución de Andalucía al VAB nacional del ámbito agroalimentario, la región aporta el 32% del total de España.