La Consejería de Salud y Familias ha presentado al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía un informe sobre la realización de inspecciones completas a los establecimientos en función de su nivel de riesgo, que en el periodo 2018-2021 ascendió a un total de 191.609 Inspecciones Basadas en el Riesgo (I.B.R.) sobre los establecimientos alimentarios dentro de su ámbito de control, lo que supone una media de 48.000 inspecciones cada año.
En 2018, el 51% de las inspecciones se llevaban a cabo sobre establecimientos de restauración, el 31% sobre los minoristas de alimentación y el 17% sobre las industrias. Estos porcentajes han concluido en 2021 con un 47%, 28% y 25%, respectivamente, en línea con las nuevas directrices de organización de controles enfocadas prioritariamente al control de las industrias, de mayor riesgo. Esta reorientación se ha producido de una forma homogénea en todas las provincias.
El año 2021 ha supuesto un aumento del 49% respecto a la misma actividad en 2020, en parte debido a la inexistencia en 2021 de periodos de confinamiento, como sí existieron en 2020, y a los cambios acaecidos en la programación de los controles oficiales que se implementa cada año por parte de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica.
Por provincias, se ha incrementado la actividad inspectora en todas las provincias, con aumentos de actividad que van desde el 35% en Huelva al 80% en Córdoba.
Estas actuaciones, bien programadas o bien motivadas por otras circunstancias no programables como la autorización o inscripción de establecimientos, denuncias, exportaciones, alertas, etc., se corresponden con una inspección completa de los establecimientos, en las que han revisado aspectos relacionados con las condiciones estructurales, los requisitos de autorización y registro, las condiciones generales de higiene, controles de trazabilidad, control de gestión de residuos, formación del personal, condiciones de los productos, controles sobre los procedimientos documentados, o cumplimiento de criterios microbiológicos de los alimentos.
Estas inspecciones afectan tanto a las industrias y a los minoristas de alimentación como a los establecimientos de restauración.
Inspecciones en Industrias alimentarias
Las inspecciones en las industrias alimentarias en este periodo de cuatro años han representado un 20% de todas las inspecciones realizadas y han sufrido un aumento del 33,4% en 2021 respecto al año 2020 y del 33,1% desde el inicio del periodo, pasando a realizarse 13.024 inspecciones en 2021 frente a las 9.788 de 2018. Por provincias, los aumentos son igualmente generalizados, con valores que oscilan entre un aumento del 14% en Huelva al 58% en la provincia de Málaga, comparando 2021 con 2020.
Inspecciones en establecimientos de venta al por menor
Las inspecciones en los establecimientos de venta de alimentos al por menor han supuesto el 29,2% de todas las inspecciones realizadas en el periodo 2018-2021 y han sufrido un aumento del 69% en 2021 respecto al año 2020, pasando a realizarse 14.933 inspecciones en 2021, el segundo valor más alto de toda la serie, frente a las 8.835 de 2020. Por provincias, los aumentos son igualmente generalizados en 2021 respecto al año anterior, con valores que oscilan entre un aumento del 42% en Sevilla al 133% en la provincia de Almería.
Inspecciones en establecimientos de restauración
Las inspecciones en los establecimientos de restauración han supuesto un 50,1% de todas las inspecciones realizadas en el periodo 2018-2021 y han sufrido un aumento del 49% en 2021 respecto al año 2020, pasando a realizarse 24.829 en 2021 frente a las 16.636 de 2020. Por provincias, los aumentos son igualmente generalizados en 2021 respecto al año anterior, con valores que oscilan entre un aumento del 29% en Jaén al 110% en la provincia de Córdoba.
En conclusión, se indica que se está consiguiendo el objetivo deseado tras las modificación obrada a principios del año 2020 con un aumento de casi el 30% en el número de inspecciones basadas en el riesgo en las industrias andaluzas, sin que ello haya tenido una repercusión pareja en una menor cobertura de las inspecciones de establecimientos de restauración o minoristas, con un valor añadido al contribuir a una mayor protección de la salud de los andaluces y a una mejor posición de las industrias alimentarias andaluzas para su expansión exterior, en la que tiene un gran peso el cumplimiento de los requisitos sanitarios.
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