Autónomos en la diana

Ser autónomo es una dignísima manera de ganarse la vida en este trágico país llamado España, pero es también una gran responsabilidad. Tiene muchas, pero que muchas, ventajas; a saber: uno es dueño de su tiempo, no tiene jefe, elige cuándo desaparece y descansa (tal vez poco, es muy posible, pero no rendir cuentas al barquero no tiene precio…). ¡Ah, ser autónomo en España, qué felicidad…! ¡Vaya! Todo en esta vida tiene pros y contras, y con este asunto no iba a ser diferente. Así que vamos con los inconvenientes; veamos: nunca sabes cuánto vas a facturar, no tienes nada seguro y, sin certezas, la inestabilidad es el deporte que practicarás como autónomo. También tienes que retratarte y salir guapo en la foto que Santa Hacienda te hace cada tres meses y liquidar el maravilloso impuesto sobre el valor añadido: el amado IVA soportado y repercutido; así que también eres recaudador fiscal porque ese gravamen sobre todos los bienes y servicios, habidos y por haber, es exclusivo para papá Estado. Por lo tanto, o aprendes a rellenar formularios y eres bueno en mates, o vete buscando a un asesor que te haga las cuentas y gestione la liquidación trimestral por ti. No te enfermes tampoco: no es recomendable, pues la cobertura por baja no es comparable a la de un trabajador por cuenta ajena. Bueno, este detalle tiene que ver con la cotización a la Seguridad Social, ese sistema contributivo que gusta poco a los autónomos… Bueno, no es que guste poco, es que hasta ahora el valiente autónomo tiene libertad para decidir cuánto abona por este concepto al Estado, desde un mínimo de 286 euros hasta un máximo de 1.233 euros. Estas cuotas, de libre elección para el autónomo, hacen que este cotice como si tuviera un sueldo (por así decir, de 944euros brutos en el primer caso, en la cuota más baja, y de 4.070 euros para el último, en el que el autónomo pagaría a la Seguridad Social un poco más de 1200 euros). La cotización tiene mucho que decir, hasta el momento, en el cálculo de la pensión; de ahí que muchos autónomos, al acercarse a la edad de jubilación, decidan incrementarla para así tener un retiro dorado menos amargo.

El régimen especial de trabajadores autónomos, el llamado RETA, está ahora de moda. La queja recurrente del colectivo tiene que ver con la obligatoriedad de la cuota mínima cuando los ingresos son bajos: si por ejemplo, un profesional factura 600 euros mensuales brutos porque está comenzando la actividad, por una mala racha o por lo que sea y tiene que restarle el IRPF y la impepinable cuota, casi que no le sale a cuenta trabajar. Es para pensarse lo de quedarse sentado en el sofá viendo series como hacen algunos políticos, bueno ya expolíticos. Tiene sentido que, con cantidades bajas de ingresos, la contribución sea proporcional a dichos ingresos, y no de un mínimo riguroso e inflexible. Ha habido ayudas en forma de subvenciones, es cierto, en los últimos años para nuevos autónomos y mujeres autónomas, tanto del Estado como de algunas comunidades como Madrid. Se trataba de animar el autoempleo en colectivos con dificultades de inserción laboral. Con un paro desbocado —prácticamente ya en todas las franjas de edad— había que animar al emprendimiento, claro que sí.

Con la excusa de atender la demanda de los autónomos de «a menos ingresos, menos cotización», el Gobierno se ha sacado de la manga una idea que sí atiende esta antigua petición del sector al dividir la cotización en hasta 13 tramos y haciendo que la cotización mínima quede en 90 euros, pero crucifica fiscalmente a todos los autónomos con una actividad económica, digamos más o menos normal. Con el rodillo planteado, un autónomo que facture más de 48.000 euros euros al año pagará a la Seguridad Social por decreto —no por voluntad propia— 1200 euros cada mes. Réstele IRPF y demás gastos y se encontrará a autónomos con una razonable actividad económica sin capacidad de ahorro y, claramente, empobrecidos. Esta lúcida y clarividente administración del Estado propone el cambio progresivo del sistema para que nadie corra espantado mañana. Se plantea iniciar la "mejora" de la cotización de los autónomos entre 2023 y 2031. Hay tiempo para prepararse, hacerse a la idea o evadirse, en el más amplio sentido del término.

Estoy convencido de que la propuesta, planteada sin diálogo social, quedará en papel mojado como lo del peaje por uso de la red viaria. Pero solo el planteamiento solivianta a un sector maltratado en España por la administración desde siempre y que está padeciendo la peor cara de la crisis.

Ser autónomo es una opción legítima, pero con una regulación laboral muy mejorable. Existen actividades económicas que, por su propia naturaleza y desempeño, deben ser realizadas por trabajadores autónomos. Recientemente, con grandes alharacas, el Gobierno se ha vanagloriado de regular el empleo de los repartidores a domicilio. Serán, ¡qué bien!, trabajadores por cuenta ajena en nómina de una empresa. La medida ha sido contestada en el sector y muchos la consideran equivocada; y es que no se debería legislar mirando el retrovisor aplicando medidas del siglo pasado. Todo cambia y evoluciona. Lo seguirá haciendo, además. Por eso, la legislación laboral debería atender las nuevas actividades profesionales con seguridad para el trabajador, por supuesto, pero también con creatividad y siendo conscientes de la realidad económica y de los nuevos tiempos.