Ciudadanos reclama medidas al Gobierno central para apoyar a los vendedores ambulantes

La diputada nacional de Ciudadanos por Cádiz, María del Carmen Martínez, ha manifestado su preocupación ante las dificultades que atraviesan los profesionales de la venta ambulante dentro del sector del comercio minorista. Es por ello que desde la formación se han dirigido al Gobierno central para conocer si tiene previsto adoptar medidas de apoyo adicionales y también específicas para mitigar el impacto del COVID-19 sobre este gremio.

"El sector de la venta ambulante ha sido uno de los más perjudicados por la emergencia sanitaria del COVID-19, al haber tenido que cesar su actividad por completo durante el estado de alarma", ha señalado Martínez. En el caso de Andalucía, "los mercadillos dan empleo a más de diez mil personas" y se contabilizan 848 mercadillos, con 40.991 puestos en total, en los que trabajan 10.291 personas y que facturan alrededor de 400 millones de euros anuales según el último censo publicado por la Consejería de Economía.

La diputada andaluza ha expuesto que "ahora que se plantea la flexibilización gradual de las medidas de confinamiento, también se empieza a contemplar la reanudación de la actividad de los mercadillos y, en consecuencia, la reincorporación de los vendedores ambulantes que trabajan en ellos", pero alerta que las condiciones que inicialmente se han previsto "no parecen las más idóneas para hacer viable esta vuelta a la actividad". 

Atendiendo a los términos que en cada caso se concreten por los Ayuntamientos, se establece que únicamente se permitirá la apertura de aquellos mercados que operen al aire libre y que el aforo no podría ser superior al 25 %. Además, desde la Secretaría de Estado de Comercio se recomienda una distancia de 6 metros de separación entre puestos comerciales, con una separación mínima de 2,5 metros entre laterales, "una recomendación que, de seguirse, haría inviable la instalación de puestos en la mayoría de mercadillos existentes, incluso respetando las eventuales limitaciones sobre el aforo comercial máximo permitido", según Martínez. A todo ello, "hay que añadir los costes que esta adaptación supone para el sector de la venta ambulante, entre ellos las diferentes tasas municipales que tienen que afrontar, y además también añaden la pérdida de ayudas y apoyos que estos comerciantes venían recibiendo con la declaración del estado de alarma".