CSIF denuncia que el despacho de abogados que lleva la asistencia jurídica del Ayuntamiento de Jerez incumple su contrato

La sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Jerez quiere denunciar públicamente que el Gobierno local socialista "no realiza correctamente su trabajo al permitir que el despacho de abogados Sanguino no asista a los juicios y testificales de los procedimientos judiciales del Ayuntamiento, sin causa real que lo justifique". Desde CSIF se recuerda que el actual equipo de Gobierno desmanteló su propio gabinete jurídico, "a conciencia e injustificadamente, castigando a los letrados municipales al repartirlos por diferentes dependencias, con el objetivo de externalizar el servicio contratando un despacho que cuesta a los jerezanos 7.000 euros al mes". 

Ya han sido varias las citaciones judiciales a las que no ha asistido ningún abogado de este despacho, justificándolo a última hora con bajas médicas, en lugar de enviar a otro letrado a las citaciones, dado que por contrato están obligados a poner a disposición del Ayuntamiento a diecinueve de ellos. Para CSIF, el contrato con este despacho ocasiona un claro perjuicio al Ayuntamiento, pero aún peor es que no sea capaz de exigirle que lo cumpla.  

"Esta desidia de los responsables municipales tanto en la ejecución de los trabajos como en su supervisión tiene consecuencias muy graves, como la pérdida reciente de un pleito defendido por Sanguino que le va a costar a los jerezanos más de 3 millones cuatrocientos mil euros". Y, a juicio de esta sección sindical, "lo que es ya increíble es que realmente son los técnicos municipales los que le preparan el trabajo a este despacho de abogados, para que luego ni asistan a las citaciones judiciales de los procedimientos abiertos del Ayuntamiento".

Desde la sección sindical se recuerda que mientras el gabinete jurídico estaba asistido por los letrados municipales, éstos jamás dejaron de asistir a ninguna citación judicial, en defensa de los intereses municipales, ya que cuando algún compañero letrado no podía asistir, siempre era sustituido por otro. Con esta privatización, podría decirse que el Ayuntamiento está derrochando dinero público, y "casi está regalando a Sanguino el dinero de todos, siguiendo las directrices inexplicables de la Directora de Alcaldía y Gabinete Jurídico quien, cobrando 135.000 euros anuales, parece que es la que manda en el Ayuntamiento".

Por todo esto, CSIF exige al Gobierno local que obligue a la empresa a cumplir con su contrato o, en caso contrario, que lo rescinda y vuelva a contar con su propio gabinete jurídico y sus propios letrados municipales.