El Ayuntamiento de Mamen Sánchez, José Antonio Díaz y responsables de Comujesa, demandados por fulminar a una chófer de autobús

08/10/19 +Jerez masjerez.com

María José Soto Molina, conductora de autobús de Jerez que fue despedida el pasado año por Comujesa tras ganar una demanda en los juzgados, anuncia nuevas acciones legales. La chófer, que denunció a la empresa municipal por haberle mantenido en su puesto a través de varios contratos temporales fraudulentos, asegura que fue “despedida de forma nula, con vulneración de derechos fundamentales”, por lo que solicitará indemnización por daños.

El mismo día de conocer la empresa y el Comité de Empresa dicho fallo, el 18 de diciembre de 2018, estando la trabajadora prestando servicios, fue eliminada automáticamente de los cuadrantes de la siguiente semana y dada de baja en seguridad social sin explicación oficial ninguna. La conductora es una de las tres mujeres que están en la lista de más de 80 personas que conforman bolsa de trabajo.

Según el abogado de la afectada, Manuel Martos García de Veas, María José fue “cesada por ganar un juicio y por ser mujer, algo no se dice gratuitamente puesto que su sexo está infrarrepresentado y la Ley de Paridad no se cumple”. Además, tras esta situación se han dado contratos de fijeza a tres trabajadores, todos hombres, que no habían reclamado.

Además de demandar a la empresa Comujesa, María José Soto ya ha emprendido acciones legales contra el Ayuntamiento de Jerez, presidido por la socialista Mamen Sánchez, así como contra el delegado de Movilidad, José Antonio Díaz. Los responsables de Comujesa Ana María Racero, Francisco Ramírez Delgado y Eduardo San Honorio han sido igualmente demandados.

La trabajadora entiende que todos ellos son responsables de “esta nefasta gestión por la que se discrimina a los trabajadores que le son reconocidos los derechos judicialmente”, más allá del machismo imperante: “se discrimina a las mujeres infrarrepresentadas en una actividad como es la de conducción de autobuses dentro de una empresa pública dependiente del Ayuntamiento, así como a los trabajadores que no están afiliados al sindicato del Presidente del Comité de empresa”.

Este “atentado a los derechos fundamentales” será defendido, en caso de no tener la respuesta que la Ley española determina, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos denunciándose y demandándose todas las irregularidades responsabilidades de toda índole que se puedan conocer en la tramitación de este y los otros procedimientos.

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