El “castigo” a la educación concertada de la Ley Celaá indigna a los populares

La diputada nacional del Partido Popular y exalcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha mostrado el rechazo de su formación a la Ley Celaá por, entre otras cuestiones, "castigar a la educación concertada".

García-Pelayo ha afirmado que "los padres y madres deben tener garantizado su derecho constitucional de elegir la educación que quieren para sus hijos", algo que esta normativa no respeta al eliminar la demanda social para su oferta. La mandataria ha señalado que el Partido Popular "no va a permitir el acoso y derribo a los centros de PSOE y Podemos" y ha reiterado el apoyo a la educación concertada como complementaria de la educación pública. Considera, sin embargo, que la misma está recibiendo "un ataque por mera discriminación ideológica en una Ley Celaá que ni siquiera ha querido escuchar ni contar con la participación de la comunidad educativa, sino que solo pretende imponer un modelo que para nada garantiza ni la libertad ni la pluralidad". La ley del Ministerio de Educación de la ministra Isabel Celaá contempla la prohibición de cobrar cuotas a los centros mediante fundaciones y actividades extraescolares, obligando a las comunidades a controlar sus cuentas.

Los populares han mostrado su apoyo y agradecimiento a los colegios concertados, en su gran mayoría católicos, por "su gran aportación durante décadas a la educación de calidad de tantas generaciones".

García-Pelayo recuerda que el presidente del PP, Pablo Casado, ya hace meses que propuso un gran pacto educativo basado en diez puntos fundamentales: La libertad de elección educativa, el castellano como lengua vehicular en toda España, el MIR del profesorado, la gratuidad de la educación de cero a tres años, la digitalización de la enseñanza, la FP Dual, un 65% de enseñanzas comunes en España, defender la educación especial, reforzar la alta inspección educativa y la lucha contra el acoso escolar y una Selectividad nacional única.