El delegado de Urbanismo insiste, adoquín en mano, en defender la obra ilegal de Esteve

El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez, el socialista José Antonio Díaz, mantiene su pulso a la Junta de Andalucía al continuar con las obras en el entorno de la plaza Esteve y contrariar a la legislación vigente. Según ha explicado hoy el teniente de alcaldesa en rueda de prensa, el Gobierno local no da su brazo a torcer y sigue considerando el adoquinado como un bien mueble, pese a lo que marca la Ley, y asegura que el Consistorio dispone de las competencias necesarias para llevar a cabo la acometida.

El Código Civil deja claro en el primer punto del artículo 334 que son bienes inmuebles "las tierras, edificios, caminos y construcciones de todo género adheridas al suelo". Sin embargo, Díaz prefiere ejercer de trilero ignorando esta definición y quedándose exclusivamente con aquello que se expresa más adelante, en el tercero de los puntos del artículo, y que versa a modo de añadido sobre los objetos que estén unidos de forma fija a un inmueble. Con un evidente nerviosismo, el delegado del PSOE ha defendido, adoquín en mano, que el mismo "es un revestimiento que se puede separar, mover y reutilizar" sin destruirlo. Además, el socialista ha querido poner como ejemplos otras obras similares en municipios andaluces como Fuengirola, Málaga o Almería, para las cuales no han existido inconvenientes: "¿Por qué tiene tanto empeño la Junta de Andalucía en fiscalizar este proyecto? Quieren hundir a Jerez y, por tanto, al Gobierno municipal", ha manifestado.

Los inconvenientes surgen por el incumplimiento de la legislación vigente. La Ley del Patrimonio Histórico Andaluz indica, en su artículo 36, que la demolición total o parcial de inmuebles incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz exigirá, en todo caso, la autorización de la Consejería de Cultura y Medio Ambiente. Hay que explicar aquí que en el caso de Esteve hay demolición, pues el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero describe esta actividad como "la realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo". Asimismo, el Centro Histórico de Jerez forma parte del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural (BIC). De este modo, dado que la aprobación previa de Cultura era imprescindible y no ha existido, la Junta ha ordenado la paralización de las obras.

Como también recoge la Ley del Patrimonio Histórico Andaluz, la Consejería de Cultura podrá delegar en los ayuntamientos que lo soliciten la competencia para autorizar obras o actuaciones en el marco de los BIC. Este suele ser otro de los ases en la manga del delegado de Urbanismo, que defiende gozar de ella desde al menos 2017, si bien omite que la Junta exceptúa para tales delegaciones los casos de demoliciones, por lo que el asfaltado de Esteve excedería en cualquier caso estas competencias.

Por el momento, la actuación en el entorno de la céntrica plaza Esteve continúa desarrollándose, de manera independiente a lo decretado desde San Telmo. Como ha explicado José Antonio Díaz, se está avanzando en la colocación de la solería en la calle Corredera puesto que la orden de la Junta únicamente prohíbe de forma expresa el levantamiento y retirada del adoquinado. Cabe recordar que, ante tal decisión, el Consistorio socialista presentó semanas atrás un recurso de alzada y que deberá ser respondido antes del 9 de julio. De no ser favorable, Díaz ya ha adelantado que el Gobierno de Mamen Sánchez elevará el asunto ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por haber "terceras partes perjudicadas", en alusión a los comerciantes de la zona.

El Ayuntamiento de Jerez se expone a importantes sanciones económicas por esta obra cuya ilegalidad avalan al menos siete informes técnicos. La Junta está habilitada para imponer multas por infracciones graves contra el patrimonio a la Administración local de Mamen Sánchez, las cuales puede ir desde los 250.000 hasta el millón de euros.