El Gobierno andaluz autoriza ayudas para pymes y autónomos por altos costes energéticos

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado un acuerdo en el que se toma razón del inicio de las actuaciones, por parte de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, para poner en marcha las ayudas a pymes y autónomos de cara a compensar el incremento del coste de la energía. Esta medida está incluida en el Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía firmado el pasado 13 de marzo entre la Junta de Andalucía y los agentes económicos y sociales más representativos de Andalucía (UGT-A, CCOO-A y CEA).

Se trata de una línea de incentivos que contará con un presupuesto de 525 millones de euros y que se articulará mediante decreto ley dada la urgente necesidad de su ejecución, ya que deberán estar abonadas antes del 31 de diciembre de este año. Asimismo, el acuerdo establece que estas ayudas se acogerán al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) del marco 2014-2020 y que conllevará la coordinación y concurso de otras consejerías, en razón a sus competencias. Estas consejerías son, además de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, las de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa; Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Política Industrial y Energía, Justicia, Administración Local y Función Pública.

Para agilizar su tramitación, el Gobierno andaluz considera que es esencial que el procedimiento para su concesión sea automatizado, para lo que será necesaria la colaboración de diferentes administraciones, así como de las empresas comercializadoras de suministro eléctrico y de gas natural.

La línea de subvenciones se prevé que se convoque en régimen de concurrencia no competitiva y estará dirigida al apoyo de los costes adicionales derivados del aumento excepcionalmente acusado de los precios del gas natural y la electricidad en el marco temporal de crisis energética derivada del impacto de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Como beneficiarios, podrán acogerse las personas trabajadoras autónomas, las pymes (cualquiera que sea su forma jurídica), las entidades privadas sin ánimo de lucro y las entidades privadas sin personalidad jurídica.