El Gobierno andaluz avanza hacia un mayor control interno de la actividad financiera pública

El Gobierno de la Junta ha acordado iniciar la tramitación del proyecto de ley de creación de un Cuerpo Superior de Intervención y Auditoría de la Administración andaluza la finalidad de contribuir al desarrollo de un modelo de control interno más adecuado y más eficaz de la actividad financiera pública, así como de un Cuerpo Técnico de Intervención y Auditoría especializado en el apoyo de estas nuevas funciones.

El Ejecutivo andaluz de Juanma Moreno se adapta así a la evolución de los sistemas de gestión financiera de los recursos públicos, en los que priman la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad sobre la eficacia de dicha gestión como valores primordiales, y atiende la complejidad que caracteriza, hoy día, las distintas formas de gestión pública.

La Intervención General de la Junta de Andalucía tiene atribuida la actividad de control interno (a través del control previo, financiero y contable), según recoge el Título V del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Sin embargo, la proliferación de nuevas formas jurídicas y operacionales y la constante producción normativa de aplicación, procedente tanto de la Administración autonómica, como nacional y europea, requieren de una actividad de control interno específicamente cualificada, capaz de llevar a cabo nuevos procedimientos y técnicas de control y planificación.

Como centro directivo y órgano gestor de la contabilidad del sector público regional, la Intervención General asume numerosas obligaciones de rendición de cuentas y transparencia que derivan de las normas europeas y nacionales de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (control del déficit, regla de gasto y deuda pública), lo que ha supuesto un cambio de paradigma en el desempeño de sus funciones, que exigen cada vez un mayor grado de especialización en materia de auditoría, contabilidad financiera y analítica o consolidación de estados financieros.

A esta situación se suman los nuevos cometidos que se le han ido encomendando a la Intervención General, así como la atribución de nuevas competencias como la supervisión continua de las entidades y organismos dependientes de la Junta de Andalucía, tarea que requiere la incorporación de nuevas ópticas al control que la desarrolla y cuyos resultados deben servir a la evaluación de la eficacia del sector público.

Las funciones del Cuerpo Superior de interventores y auditores se centrarán en tareas de decisión, planificación, organización, supervisión y dirección de las áreas competenciales de control, así como de emisión de informes, dictado de actos de control o asesoramiento superior. Por su parte, el Cuerpo Técnico se centrará fundamentalmente en el apoyo a las funciones de auditoría y a las nuevas funciones de supervisión continua que se implementen.

El proyecto de ley establece la fórmula de oposición como la general para el acceso a estos cuerpos, si bien se instaura un régimen transitorio y extraordinario de acceso por concurso-oposición que se desarrollará en los tres años posteriores a la entrada en vigor de la ley, en tanto se regulan fórmulas de promoción interna horizontal en la Ley de Función Pública de la Junta de Andalucía.

El Gobierno andaluz avanza así en la mejora del control interno y da cumplimiento a los acuerdos de legislatura y de apoyo a los Presupuestos que recogen esta medida.