"El Palacio de Riquelme no va a seguir durmiendo el sueño de los justos con este equipo de Gobierno". Así lo ha confirmado la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, durante una visita realizada junto a los miembros del Gobierno local y técnicos del área de Patrimonio Histórico y Museo Arqueológico. Y es que, el nuevo Gobierno de Jerez quiere, cuanto antes, dejar de hablar de pasado y de ruina de este emblemático inmueble del siglo XVI para hablar de proyecto de consolidación y puesta en uso.
Durante la visita, la delegada de Urbanismo explicó que a final de este mes de septiembre estará finalizado el estudio que encargó el Ayuntamiento a la Fundación Universidad de Sevilla sobre la fachada y la primera crujía, un análisis que determinará el estado exacto de esta zona del Palacio y que permitirá tener una primera aproximación a la actuación que será necesaria hacer para poder dar uso a un Palacio declarado en ruina y que ha estado totalmente abandonado durante los últimos ocho años.
El Gobierno local hará público este informe y ya ha anunciado que encargará un estudio, esta vez completo, del inmueble que permita no actuar sólo sobre una parte sino tener una visión completa del Palacio de Riquelme y poder definir el proyecto completo de actuación de manera que se pueda prever un calendario de inversiones y usos sin parcheos y pensando siempre en la rehabilitación y revitalización no sólo del Palacio sino del Barrio de San Mateo.
Además de este estudio completo, García-Pelayo ha avanzado que el Ayuntamiento va a poner en marcha un plan de cuidado y limpieza permanente del interior del Palacio de Riquelme que evite un mayor deterioro.
Sobre usos futuros, el Gobierno de Jerez asume que, en primer lugar, hay que esperar a los resultados de este primer estudio y, a partir de ahí y teniendo en cuenta que faltaría saber el detalle del resto del inmueble, diseñar un plan de uso cultural y público en el que ya se está trabajando por parte de las áreas de Urbanismo, Centro Histórico y Cultura.
El Palacio de Riquelme es uno de los referentes arquitectónicos de la ciudad que fue expropiado por el Ayuntamiento en 1981, materializándose dicha expropiación en 1994 cuando pasó a ser de titularidad municipal, estando catalogado en el PGOU como de "interés específico" con el máximo nivel de protección que propone la normativa urbanística del PGOU.
A pesar de las actuaciones de consolidación llevadas a cabo en 2015 por el anterior Gobierno de García-Pelayo, la total ausencia de labores de conservación y mantenimiento han provocado que el estado del edificio haya seguido empeorando progresivamente.
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