El Gobierno de Mamen Sánchez pide ahora a UTE-Jerez que cumpla con el convenio

El Gobierno local ha instado a UTE-Jerez, empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, al cumplimiento del convenio colectivo y de sus condiciones laborales.

En las últimas semanas el servicio viene sufriendo una importante merma, agravada por los positivos por coronavirus producidos entre empleados de la plantilla. Según fuentes de la propia UTE-Jerez (unión conformada por las compañías FCC, Equal y Cointer) obligada a decretar un aislamiento y análisis de relaciones entre los afectados siguiendo el protocolo sanitario que establece la Junta de Andalucía, únicamente 14 trabajadores estuvieron prestando servicio en el turno de noche el pasado fin de semana. De esta forma estaría incumpliéndose el contrato rubricado con el Ayuntamiento de Jerez, no siguiéndose los requisitos establecidos en el anexo III del pliego de condiciones. Por si fuera poco, la empresa está llevando a cabo el trasvase de efectivos entre turnos, algo para lo que se requiere de una comunicación de al menos 15 días de antelación según la legislación vigente, e incorporando a nuevo personal sin tener en cuenta a los eventuales.

A las anteriores circunstancias se unen las quejas de los empleados, más allá de la situación de desamparo en materia de seguridad sanitaria en el entorno laboral, pues señalan una evidente falta de recursos referentes a la dotación económica y al personal. De hecho, los trabajadores aprobaron en el mes de marzo por mayoría convocar una huelga, que quedó en suspenso debido a la activación del estado de alarma en todo el país, pues acusan a UTE-Jerez de abaratar el coste del servicio. Hay que recordar que esta Unión Temporal de Empresas que conforman FCC, Cointer y Equal logró hacerse con la concesión con una oferta de 186,8 millones de euros por un periodo de nueve años, con derecho a uno más de prórroga, siendo unos seis millones más barata que la oferta que presentó Urbaser.

Por otra parte, la UTE-Jerez querría tumbar la antigüedad que viene prestando un colectivo de trabajadores de fines de semanas y festivos, en su mayoría trabajadores fijos, con una antigüedad que ronda los 15 a 20 años de trabajo. Además, en la negociación colectiva, la empresa barajaría modificar el convenio para añadir una nueva categoría profesional llamada "auxiliar de servicio" con una reducción salarial de unos 350 euros mensuales, a pesar de que prestaría el mismo servicio que otro trabajador con más antigüedad. Propuestas que indignan a muchos de los trabajadores, que desde el año 2012 vienen perdiendo entre un 12% y 14% de poder adquisitivo. 

En este sentido, desde el Gobierno local, aseguran que "hemos atendido a los trabajadores, hemos tomado nota de la problemática que existe en cuanto a la aplicación del convenio e instamos a la concesionaria a su cumplimiento", ha afirmado el teniente de alcaldesa de Urbanismo, Infraestructuras y Medio Ambiente, José Antonio Díaz. El edil explica que la concesionaria asume "el actual convenio, como se recoge en el pliego de condiciones". De esta forma, desde el Gobierno local "estamos atentos al desarrollo de las conversaciones entre trabajadores y empresa para que no repercuta en el servicio que se presta a la ciudadanía". Parece que el anuncio del Ejecutivo local llega tarde, pues ya hay previstas una serie de movilizaciones y concentraciones de trabajadores que comenzarían a partir del 9 de septiembre y se prolongarían hasta el día 30 de este mismo mes.