El Partido Popular considera “evidente” que el Partido Socialista de Mamen Sánchez conocía la denuncia por acoso de su delegado de Las Pachecas y la estuvo ocultando. Desde un primer momento, Sánchez habría sido consciente de los hechos, según detalla el ya exdelegado socialista Alberto Garrido: “A ella fue a la primera que se lo dije para que me pusiera un abogado”, si bien finalmente el letrado se lo facilitó, tal y como explica, la agrupación provincial del PSOE. La alcaldesa de Jerez, por su parte, defiende que conoció el caso en el mismo día en que se hizo público en la prensa.
Para los populares, el testimonio del propio exdelegado “evidencia que Mamen Sánchez y el PSOE de Jerez y de la provincia de Cádiz supieron hace
bastante tiempo de la existencia de esta denuncia por acoso sexual contra su
compañero de partido y que la han tenido tapada y ocultada hasta que se ha
hecho pública a través de los medios de comunicación”. A ello hay que unir “la confirmación por parte del Ayuntamiento de que tenía conocimiento de la denuncia y la situación de la trabajadora denunciante al hablar de 'actuación rigurosa'” por su parte.
A
juicio del PP, si graves son los hechos denunciados, “no resulta menos
grave que durante al menos un año éstos hayan sido tapados, demostrando nulo
interés por condenar los supuestos hechos ni por defender a la mujer
denunciante mientras iban dándose golpes de pecho de feministas”.
Como
afirma el concejal popular Jaime Espinar, “al PSOE y a Mamen Sánchez se les ha caído el
discurso feminista, convertido ahora ya en papel mojado”.
Del
mismo modo, en el Partido Popular consideran que la alcaldesa socialista aún tiene que “aclarar si además de haber ocultado estos hechos también se dieron algunos de los tratos de favor o
tráfico de influencias que el propio exdelegado de alcaldía prometió a la
trabajadora denunciante”. Esto se debe a que Alberto Garrido le habría asegurado a la denunciante que estaba en contacto con la cúpula del PSOE del Ayuntamiento de Jerez, que eran sus amigos y que hablaría para conseguirle vivienda social, ayuda económica, además de meterla en el programa de la Ley de Dependencia.
Para la Fiscalía los hechos constituyen un delito de acoso sexual y pide para el delegado socialista una pena de cinco meses de cárcel, así como una indemnización 2.000 euros a la trabajadora. La acusación particular eleva la petición de prisión hasta los dos años. El Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Jerez ha dictado auto por el que acuerda la apertura de juicio oral.