Es la soberbia, estúpido

Los Estados modernos son supuestamente esos en los que existe la llamada separación de poderes. Así, tenemos a un poder ejecutivo, el Gobierno de turno que lleva el bastón de mando y que propone leyes o, llegado el caso, impone a golpe de decreto con la excusa de la urgencia. El actual en España es muy de decreto ley; ha multiplicado por 14 el volumen de normas no parlamentarias con respecto al gobierno de Aznar y por tres en relación a su predecesor, Rajoy. Los decretos no son debatidos en el Parlamento, aunque sí han de ser validados en la cámara baja. Cuando un gobierno gobierna a golpe de decreto ley está arrogándose el rol de poder legislativo. Las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, esa amalgama de seres aparentemente sabios, que a veces no aciertan a votar correctamente, tiene la importantísima labor de legislar, de instaurar leyes para que la sociedad sea más justa. 

Nuestro ordenamiento jurídico es el conjunto de normas que rigen nuestra vida y que, por supuesto, ha de actualizarse. Las leyes no han de permanecer inamovibles a lo largo del tiempo porque la sociedad evoluciona y hay cuestiones que necesitan ser reguladas o de lo contrario permanecen en un limbo legal. De acuerdo en que hay que revisar, reformar o actualizar…pero, y aquí viene el detalle, no vale hacerlo solo por intereses políticos. 

La sedición y la malversación son dos delitos tipificados claramente en nuestro código penal. Y hete aquí que nuestro ínclito ejecutivo quiere suprimir uno y modificar el otro. Con el argumento estúpido de homologar la sedición con el resto de Europa se propone directamente suprimirlo, lo que beneficiaria a un buen número de implicados en la monserga del llamado 'procés'. Es un gesto con los socios de gobierno, hay que entender a Sánchez que no quiere dejar La Moncloa ni con agua hirviendo. Los muchachos de Sánchez quieren que la sedición se convierta en desórdenes públicos agravados. Sería solo cuestión de eufemismos salvo por el detalle de que las penas pasarían de 15 a 5 años. 

En cuanto al delito de malversación se habla de diferenciar y castigar de manera alternativa dependiendo de si el malversador se mete el dinero público en el bolsillo o miraba hacia otro lado mientras ese dinero público se desviaba torticeramente para fines oscuros. Es increíble oír a una magistrada como Margarita Robles defender esta diferenciación diciendo textualmente que "no es lo mismo". Tiene razón, creo que es incluso más grave distraer dinero público para mantener redes clientelares u otros sucios menesteres, que birlar los euros y lucrarse personalmente. La reforma de la malversación podría beneficiar al ex presidente de la Junta de Andalucía, Jose Antonio Griñán, condenado por el caso de los ERE a seis años de prisión y que está pendiente de ingresar en la cárcel. 

Con los apoyos actuales, el Ejecutivo no tendrá problema en cambiar la legislación. Ya lo hizo no hace mucho con otra Ley, esta auspiciada, defendida con grandes alharacas y aspavientos por la corte morada, necesaria socia gubernamental. La Ley, vulgarmente conocida como "sola y borracha quiero llegar a casa". Perdón, no, es "hermana, yo sí te creo". Ay, que tampoco acerté, me temo. Ah, ya recuerdo, la Ley del "solo sí es sí", la manera simplificada de vociferar la ley propuesta por una chica muy lista, Irene Montero, adalid del feminismo moderno, reivindicativo. La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, –así dicho queda más bonito, como más elegante, verdad–, ha entrado en vigor demostrando que algunos  –ejem, algunas– tienen menos luces que un seiscientos desguazado. Parece ser que en el proceso de elaboración fueron advertidos los posibles efectos adversos de la norma al unificar dos tipos penales, el del abuso y la agresión, efectos en forma de reducción de penas en determinados delitos. 

La nueva Ley ha desencadenado una cascada de revisiones de condena e incluso excarcelaciones. Todo indica que los promotores, las promotoras en este caso, no midieron bien el efecto pernicioso de la norma, cuya buena voluntad esta fuera de toda duda. Ahora toca ver cómo se enmienda la plana, aunque no hay posible retroactividad para deshacer el entuerto. Ya sabemos todos que siempre se aplica con retroactividad únicamente normas que favorecen al reo y no al contrario. 

Lo más triste o desolador si se prefiere, es que las defensoras de la Ley en lugar de entonar un mea culpa y admitir el error se empeñan en escupir al aire y soltar despreciables soflamas contra los jueces acusándoles de machistas y de una interpretación errónea de la Ley. Habría que recordarle a la soberbia ignorante Irene Montero que en la carrera judicial en España hay más mujeres que hombres (2918 juezas frente a 2402 jueces). ¿Será que muchas mujeres no comparten la visión feminista de nuestra joven y verborreica ministra y no se sienten representadas por ella y sus camaradas de Igualdad? 

La humildad es una virtud que debería ser obligatoria desde parvulitos. De soberbios y soberbias estúpidos estamos colmados, sobre todo en la política patria.