El concejal socialista del Ayuntamiento de Jerez Francisco Camas, ha evitado declarar este viernes en el Parlamento de Andalucía por el supuesto enchufismo laboral del que se habría beneficiado el marco del 'Caso Faffe'. El edil alega que no ha sido citado en tiempo y forma, extremo que han negado fuentes de la comisión a medios de comunicación. Pese a ello, volverá a ser citado.
Paco Camas, segundo teniente de la alcaldesa Mamen Sánchez, ha rehusado la comparecencia en la mañana de este viernes 9 de abril en la Comisión de Investigación creada en el Parlamento andaluz para abordar las irregularidades de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE). El actual responsable del Área de Gobierno de Dinamización Cultural y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jerez, así como delegado de Cultura, Jerez Capital de la Cultura 2031 y Rehabilitación del Patrimonio Histórico pudo ser enchufado en la misma. Tal y como denunciaron desde el Partido Popular, el edil socialista fue incluido entre los trabajadores subrogados del Fondo de Promoción de Empleo, antecesor de la FAFFE, como si fuera parte de la plantilla, pese a que estaba en el paro y cobrando el subsidio de desempleo. Cuando la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo fue creada, Camas habría sido entonces 'colocado' irregularmente en ella.
En septiembre de 2019, el juzgado de Primera Instancia número 2 de Jerez llegó a confirmar que Francisco Camas no formaba parte del Fondo de Promoción del Empleo en el momento de la contratación por la FAFFE, todo ello después de que María Núñez Bolaños, la juez instructora del caso del Juzgado número 6 de Sevilla, ordenase investigar a los trabajadores incorporados en tal fundación creada por el Gobierno andaluz del PSOE en 2007.
Como afirma el diario ABC de Sevilla, en la comisión impulsada por PP, Ciudadanos y Vox en la Administración autonómica está imperando el silencio entre la amplia mayoría de los citados. Entre los que se han marchado sin contemplaciones, de hecho, están componentes de la cúpula de la fundación como el propio exdirector gerente, Fernando Villén -imputado judicialmente entre otras cosas por gastarse más de 35.000 euros con tarjetas de crédito de la Faffe en prostíbulos o su hermano Manuel, también exdirectivo, así como la directora financiera y una de las responsables de la liquidación de la entidad, Anna Valls.
De las 30 personas que han sido citadas desde noviembre de 2019 hasta febrero de 2021, hasta 12 se levantaron de la mesa nada más sentarse y dejaron a los portavoces de los Grupos parlamentarios literalmente con la palabra en la boca, negándose a colaborar. Además, otros han decidido permanecer en la sala de comisiones del Hospital de las Cinco Llagas escuchando las preguntas, quejas y discursos de los grupos pero sin responder. Otros comparecientes también han alegado que no recibieron la notificación de que habían sido citados.
Esta semana la comisión de la Faffe ha aprobado un nuevo listado de comparecientes con los votos a favor de PP, Ciudadanos y Vox, la abstención de Adelante Andalucía y la oposición del PSOE-A, entre quienes figuran la secretaria general del PSOE y expresidenta de la Junta, Susana Díaz, y la ministra y exconsejera de Hacienda María Jesús Montero.
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