Hasta 10 detenidos y 21 casos de intrusismo en empresas de seguridad de la provincia durante 2021

La Policía Nacional a través de las Unidades de Seguridad Privada de las comisarías de la provincia, ha realizado en el año 2021, 423 inspecciones a servicios y empresas del ámbito de la Seguridad Privada, a fin de verificar el correcto funcionamiento de las mismas y que tanto las empresas, como el personal a su servicio cumplen con todos los requisitos de autorización y habilitación que la Ley 5/2014 de Seguridad Privada les exige.

Si bien el grueso de las inspecciones se circunscribieron a servicios de vigilancia y protección y a establecimientos obligados a estar provistos de medidas de seguridad, igualmente se realizaron 27 inspecciones en conciertos y espectáculos públicos, 19 en eventos deportivos y 12 en locales de ocio nocturno, tras la relajación de las medidas restrictivas impuestas por las autoridades con motivo de la pandemia y la recuperación de la normalidad. 

Fruto de esta labor de control en 2021 se han cursado 11 propuestas de sanción de las que seis fueron dirigidas contra empresas receptoras de alarmas por la deficiente gestión de los avisos de alarma, cuatro a empresas de vigilancia por detectarse anomalías en la prestación de los servicios y 1 a una empresa de transporte de valores por incumplir la normativa reguladora de las condiciones en las que han de prestarse.

Año fructífero en lo que respecta a la detección y erradicación del intrusismo en el sector de la seguridad privada.

En lo que respecta a la detección y erradicación del intrusismo, el balance se considera muy positivo, cerrándose con 21 denuncias a empresas y 30 a trabajadores carentes de habilitación para el desarrollo de labores de vigilancia y protección de personas y bienes. En su gran mayoría los intrusismos detectados se circunscriben al ámbito de la construcción (ocho casos) y los bares de copas y discotecas (cuatro casos), afectando también en menor medida a las ferias de artesanía y exposiciones, empresas en polígonos industriales, comunidades de vecinos y garajes, y puntualmente a supermercados y salones de juegos.

La Ley 5/2014 de Seguridad Privada reserva en exclusiva a empresas autorizadas por el Ministerio del Interior la contratación y al personal habilitado la prestación de los servicios de vigilancia y protección respectivamente.

La prestación de servicios de seguridad por empresas no autorizadas y el desempeño de las funciones de vigilancia y protección por personal no habilitado, se encuentra severamente castigado en la referida Ley de Seguridad Privada con multas que en los casos más graves, para las empresas, oscilan entre los 30.001 y los 600.000 Euros y pueden conllevar la inhabilitación para el ejercicio de su actividad mercantil. En el caso de las personas físicas no habilitadas que los presten, la cuantía de las sanciones por intrusismo van desde los 6.001 a los 30.000 Euros. Asimismo estas multas se pueden hacer extensivas a los usuarios de los servicios de las empresas no autorizadas y del personal no habilitado.

Por localidades encabezan en ranking del intrusismo detectado en la ciudad de Cádiz y El Puerto de Santa María con cuatro casos cada una, seguidos de Algeciras, Jerez de la Frontera y Los Barrios con tres, y Tarifa, San Fernando, Chiclana y Sanlúcar de Barrameda con 1 denuncia en cada municipio.

Se han practicado diez detenciones con motivo de la actividad de control realizada. 

A primeros del mes de junio de 2021 se desarticuló en Sanlúcar de Barrameda una "empresa fantasma"  que prestaba servicio en un conocido local de copas del centro de la ciudad, cursándose denuncia contra dos porteros del mismo que además carecían de contrato de trabajo y no estaban dados de alta en la Seguridad Social y procediéndose a la detención del propietario de la empresa de seguridad por un delito contra los derechos de los trabajadores (por emplear a un ciudadano extranjero carente de permiso de residencia) y otros dos de estafa y falsedad documental.

Por otro lado resultó de especial trascendencia, por haber supuesto la culminación de dos años de investigación policial, la operación llevada a cabo en Cádiz ciudad a finales de ese mismo mes en la que se detuvo al propietario de una empresa de seguridad y a seis personas más (cuatro miembros de su familia y un abogado que ostentaba la representación de la empresa) en la que se les atribuía la presunta comisión de los delitos de fraude a la Seguridad Social, estafa procesal y frustración a la ejecución (antiguo alzamiento de bienes), todo ello relacionado con una empresa de seguridad anterior que había sido declarada en quiebra tras ocultar el patrimonio de la misma a fin de no cumplir con las deudas contraídas con la Seguridad Social y los trabajadores entre otros.

Al margen de estas detenciones también se procedió a la detención de dos "intrusos" se en el momento de ser inspeccionados y propuestos para sanción administrativa se encontraban reclamados por las autoridades judiciales, contando uno de ellos, portero de una discoteca, con un amplio historial delictivo relacionado con el narcotráfico y los delitos contra las personas entre otros.