El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha destacado que el 80% de los contribuyentes que presenta declaración de la renta podrá beneficiarse de las deducciones en materia de IRPF que contempla la rebaja fiscal aprobada esta semana en el Parlamento, ya que ésta recoge la subida de los límites máximos de renta de los beneficiarios, que se sitúa en los 25.000 euros si la tributación es individual (antes el límite era de 19.000 euros), y en los 30.000 euros si la tributación se realiza de forma conjunta (antes el límite se situaba en 24.000 euros).
Bravo ha incidido así en que la nueva Ley de Tributos Cedidos, que recoge modificaciones que afectan fundamentalmente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), al Impuesto sobre el Patrimonio, al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) y al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), beneficiará a cuatro millones de andaluces.
La finalidad era lograr una rebaja fiscal que "activase la economía y que llegase a todos los andaluces, en el convencimiento de que Andalucía tiene todos los elementos necesarios para ser la locomotora del país", ha dicho en su intervención en los Encuentros Informativos de Europa Press.
El consejero ha remarcado que, a pesar de la bajada de impuestos que ya se está aplicando, Andalucía ha logrado mejorar la recaudación de Transmisiones Patrimoniales con datos a 30 de septiembre. Así, se han recaudado 1.265 millones de euros en los primeros nueve meses de este año, frente a los 1.165 millones ingresados en el mismo periodo de 2019, año pre-Covid.
Bravo ha destacado el "carácter social" de la nueva rebaja fiscal, que se orienta a "facilitar el acceso a la vivienda, apoyar a las familias numerosas y monoparentales, apoyar a las personas con discapacidad, atender al reto demográfico en municipios de menos de 3.000 habitantes y respaldar a las empresas como generadoras de actividad económica y empleo".
La Ley aumenta los colectivos que podrán aplicarse los beneficios fiscales -víctimas de violencia doméstica y de terrorismo, y los residentes de municipios de menos de 3.000 habitantes-, y amplía los grupos que ya se beneficiaban, como son jóvenes menores de 35 años, personas mayores de 65 años, familias numerosas, y personas con discapacidad mediante la elevación de los máximos de renta de los contribuyentes que se pueden beneficiar, "lo que nos permite poder llegar a un mayor número de personas hasta completar una bajada de impuestos para todos".
"Hoy podemos celebrar que Andalucía, en el ámbito fiscal, es una tierra favorable, situada en la media del resto de comunidades autónomas. Una tierra donde los andaluces no tienen que pagar más impuestos por el mero hecho de vivir aquí", ha apuntado el consejero.
El consejero ha explicado que hasta el año 2019, "Andalucía estaba situada entre las comunidades autónomas con mayor presión fiscal en prácticamente todos los impuestos cedidos", una situación que se está revirtiendo desde la llegada del nuevo Gobierno, "dentro de los límites presupuestarios y del cumplimiento responsable de los objetivos de consolidación fiscal".
"¿Cómo lo hemos logrado? Planteando una bajada de impuestos estructural, progresiva, oportuna, responsable, que llegue a todos los estratos de renta, especialmente a las clases medias, y necesaria para estimular nuestra demanda interna sobre la base de una mayor disponibilidad de rentas en el bolsillo de los andaluces", ha ahondado.
Bravo ha destacado algunas de las principales medidas que recoge la Ley de Tributos Cedidos, tales como el adelanto a 2022 de la reducción de la escala autonómica de IRPF prevista para 2023 e iniciada en 2019, de manera que Andalucía será la tercera comunidad autónoma con tipos más bajos: tipo mínimo 9,50% y máximo de 22,50%. (Antes, se situaban entre el 10% y el 25,5%); la mejora al 5% de la deducción para jóvenes en la compra de una vivienda habitual; la ampliación de los colectivos que podrán deducirse parte del alquiler de su vivienda habitual; la mejora de la deducción por hijos (de 50 a 200 euros y hasta 400 euros para residentes en municipios de menos de 3.000 habitantes) o la deducción del 15% por hijo, hasta 150 euros, de gastos en la enseñanza extraescolar de idiomas o informática.
Asimismo, ha puesto en valor una deducción que no existe en otro lugar de España y que permite deducir en el IRPF hasta el 50% de la inversión que se realice en sociedades participadas por universidades o centros tecnológicos para impulsar la I+D+i, con un límite de 12.000 euros.
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