Juzgados ordinarios podrán buscar responsabilidades penales por la gestión de la pandemia en residencias de mayores

La Sala II del Tribunal Supremo ha ordenado remitir hasta 20 querellas y 30 denuncias contra el Gobierno de España por la gestión de pandemia al Juzgado decano de los Juzgados de Madrid, permitiendo investigaciones en este sentido a los juzgados odginarios. El objetivo, en contra del criterio de la Fiscalía General del Estado, es autorizar a los jueces para que se incoen las causas penales que correspondan, o se acumulen a las que ya estén siendo o hayan sido objeto de tramitación. En especial, "deben incidir en las muertes en residencias de la tercera edad, en la eventual omisión de las medidas de seguridad que se brindaron a los profesionales sanitarios o a los policías, y a una posible malversación de fondos públicos en la contratación de materiales fallidos o fraudulentos para combatir la pandemia".

No obstante, se ha acordado la inadmisión a trámite de tales querellas presentadas en los últimos meses por distintos sindicatos, asociaciones, organizaciones profesionales del ámbito de la sanidad y de las Fuerzas de Seguridad, familiares de víctimas del coronavirus y el partido político Vox contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por su gestión de la crisis sanitaria del COVID-19. Así, considera que no está debidamente justificada la autoría de los hechos punibles atribuidos a los miembros del Gobierno central, todos ellos en condición de aforados.

El auto analiza pormenorizadamente cada uno de los delitos atribuidos en las querellas y denuncias, como el de homicidio y lesiones imprudentes; delito contra el derecho de los trabajadores; prevaricación y malversación de caudales públicos. Entre los hechos denunciados destacaban también que se hubiese permitido las concentraciones masivas y manifestaciones como la del 8-M días antes de la declaración del estado de alarma, y que no se hubiesen facilitado a los profesionales sanitarios o de las fuerzas de Seguridad del Estado equipos de protección adecuados.

En el caso concreto de Jerez, cabe recordar que la gestión de la seguridad sanitaria en instalaciones administradas públicamente para la atención de mayores o personas dependientes como el Asilo San José corresponde a la edil socialista Carmen Collado y a la directora del centro, Fátima Villar. Profesionales de la plantilla laboral de la institución han denunciado reiteradamente en los últimos meses posibles prácticas irregulares, como ya ha venido informando este medio. Otras residencias como la de La Granja, que fue medicalizada debido a un importante brote de contagios por coronavirus, son dependientes de la Junta de Andalucía, por lo que las decisiones de la Administración autonómica en este sentido podrían ser también fiscalizadas.

Igualmente, masjerez ya informó de que la alcaldesa de la ciudad y líder del PSOE local, Mamen Sánchez, alentó a acudir a la manifestación del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer y el Ayuntamiento permitió las movilizaciones por la ciudad. Por el momento no se conocen denuncias interpuestas contra las mencionadas personas ante los tribunales por estos hechos, si bien el Tribunal Supremo abre la vía a investigaciones de oficio para que se depuren responsabilidades.