La Asamblea de afiliados del sindicato ATMJ del Ayuntamiento de Jerez, aprobó en su última reunión, celebrada el 26 de febrero, elevar demandas sobre cuatro importantes asuntos que afectan a la plantilla municipal puestos en marcha por parte del Gobierno de Mamen Sánchez, y por supuesto, de su fiel escudera Laura Álvarez, delegada de Recursos Humanos. Esta última si por algo se destacado a los largo del presente mandato municipal ha sido por no querer o no saber negociar asuntos que afectan los trabajadores municipales y su falta de voluntad negociadora.
En la mencionada asamblea se propuso, por parte de la Junta Directiva, la adopción de acuerdos a efectos de interponer acciones judiciales sobre la negociación del convenio, pago de productividades vinculadas al anexo de catálogo, proceso de funcionarización según D.T. 2ª EBEP y a las modificaciones de la RPT. Todos estos asuntos fueron debatidos y aprobados por mayoría .
Con ello la junta directiva se ha visto totalmente respaldada para interponer las demandas pertinentes sobre asuntos, tan importantes relacionados con el colectivo, en la seguridad que los pasos que se van a seguir están encaminados a fortalecer las reivindicaciones del mismo.
Cabe recordar que la ATMJ denunció en el Juzgado Contencioso Administrativo de Jerez, el Acuerdo-Convenio sobre las condiciones de trabajo comunes del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Jerez para el período 2013-2015 y, en diciembre del 2017 se dictó sentencia de NULIDAD. El Gobierno recurrió esta decisión judicial, estando a la espera del fallo del TSJA. En el caso de que dicho tribunal ratifique la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, a TODOS los trabajadores se les ofrece la posibilidad de recuperar, con efecto retroactivo, numerosos derechos que perdido en estos seis años. Mientras esperamos, la ATMJ y la CGT ha denunciado y promovido nuevo Convenio que se tiene que abordar en mesa negociadora, que a fecha de hoy, no ha sido convocada y que el Gobierno ha comunicado que no tiene intención.
Ante esta nueva falta de voluntad negociadora, la ATMJ ha formulado denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, el lunes 4 de marzo ha interpuesto demanda ante el Juzgado de lo Social por violación de la libertad sindical y estudia interponer ante otras instancias judiciales por posible indicio de delito por parte del ayuntamiento.
Respecto al tema de las productividades, y a la vista que las que se vienen abonando ahora para una parte de la plantilla como consecuencia de un “anexo a catálogo” que dejó de tener efecto con la entrada de la RPT, se va a interponer demanda, actualmente en estudio y preparación, con el propósito, tal como se recoge en nuestro programa electoral, de lograr un reglamento objetivo para el pago de productividades y una RPT nueva y no los lamentables parches políticos llevados a cabo por parte del Gobierno o que pudiera llevar cabo otros futuros. Los trabajadores no podemos estar a merced de de decisiones de los políticos de turnos.
Sobre el proceso de funcionarización puesto en marcha por Mamen Sánchez y Laura Alvarez, la ATMJ va a emprender los Recursos Contenciosos Administrativos ante el Juzgado, una vez que ya ha presentado al Ayuntamiento dos recursos potestativos de reposición y que están encaminados a que se ejecute un proceso de funcionarización con todas las garantías y no un proceso que creemos es un lamentable ejemplo de trabajo mal hecho, no digno de ser planteado por la quinta ciudad de Andalucía al no contar con las plazas vacantes, carecer de presupuesto e incluso han calculado mal los porcentajes en la baremación en las bases de las convocatorias.
Aclarar que las acciones que estamos llevando a cabo en este proceso son consecuencia de las quejas generalizadas recibidas de compañeros y compañeras; funcionarios, laborales fijos y laborales indefinidos. Igualmente, debemos insistir en que en este proceso tan importante el Gobierno Municipal no ha contado con el apoyo de los sindicatos en las mesas de negociación celebradas.
Por último, sobre posibles modificaciones de la RPT en el futuro, las acciones judiciales que se llevaran cabo estarán encaminadas a evitar, que el colectivo de los técnicos no sea valorado adecuadamente, no permitiendo más que salga perjudicado como ha ocurrido antes.