La ATMJ lanza un duro comunicado tras la polémica del 'caso Deloitte'

Tenemos claro que estas acciones judiciales ponen en duda otra vez el trabajo de los técnicos municipales amparándose en informes de gabinetes externos de distinta interpretación contratados por el Ayuntamiento. Ahora asistimos estupefactos y abochornados al ESPECTÁCULO DANTESCO QUE NOS OFRECE DE NUESTRO GOBIERNO Y SUS BUFETES y esto no lo podemos tolerar.

Cabe recordar que en Noviembre del 2017 nos enteramos por la prensa de la contratación por el gobierno de Mamen Sánchez de un bufete externo para la defensa y representación jurídica del Ayuntamiento de Jerez y el Asesoramiento jurídico en Recursos Humanos (resulta además que está incluido en el pliego todo tipo de asesoramiento), justificándolo en la falta de funcionarios. Fruto de esta noticia se contrató a dos bufetes Martínez de ESCRIBANO y SANGUINO abogados.

El 13 de Noviembre del 2017 la ATMJ mandó un comunicado (se adjunta nota) de rechazo rotundo, argumentando que una empresa privada no puede garantizar una prestación de servicios con objetividad respecto a los intereses generales, ni la imparcialidad en toda actuación dado que siempre prima el interés económico de la prestación.

Todo lo anterior sí queda garantizado con el trabajo de los empleados públicos municipales.

A la ATMJ nos parecía escandalosa también el argumento de la falta de funcionarios y se preguntaba entonces, ¿cómo asesora un bufete privado que no tiene funcionarios? ¡ Escandaloso!

Nos parecía y nos parece contrario a derecho que se contrate a una empresa privada para la prestación de un servicio público que lo puede prestar y de hecho lo han venido prestando perfectamente los letrados y asesores municipales hasta que este gobierno se empeñó en desmantelar el gabinete jurídico y se sigue desmantelando (Hace unos días han trasladado a otro letrado de gabinete jurídico para enviar a otra área municipal).

Pues bien ante lo ocurrido en la Comisión de Transparencia nos hacemos algunas preguntas:
¿No es extraño que sea ahora, en casi periodo electoral, y no antes cuando este Ayuntamiento ‘se da cuenta’ que las contrataciones de DElOITTE están mal realizadas?

¿No hubiera sido mejor ‘darse cuenta’ en la época, en que los afectados del ERE se lo repetían constantemente a la alcaldesa?

¿Se van a seguir pidiendo informes hasta encontrar el que más guste como pasó con el ERE?

¿Por qué se allanó (es decir, se aceptó la demanda sin discutirla) el Ayuntamiento (firmado por la alcaldesa vistos los informes, entre otros el del interventor) ante la interposición del Recurso contencioso administrativo en el Procedimiento Ordinario 259/2016 interpuesto por Deloitte Abogados S:L:P ?¿No hubiera sido mejor argumentar que era procedimiento nulo y contrario a derecho en el Juzgado contencioso administrativo? ¿Por qué no fiscalizó en ese momento el interventor ese procedimiento de contratación? ¿Quién visó la facturas de Deloitte? ¿No hubiera sido ese el momento? ¿No incurriría este gobierno también en responsabilidad si ha pagado un contrato que consideraba ilegalmente adjudicado? ¿Los informes jurídicos que se piden porque los tienen que realizar empresas privadas con el bochorno de tener que presenciar informes contradictorios? ¿Cómo es que el interventor emite informe al respecto de la tramitación de un procedimiento administrativo? ¿Y cómo después de uno anteriormente emitido aceptando la deuda? Recordamos además que el interventor no es letrado. ¿Dónde está el informe jurídico del funcionario (como mantiene el gobierno) que garantice la objetividad? ¿Tenemos que recordar que tanto la Directora del Servicio Jurídico del Ayuntamiento (También de Transparencia por cierto) y la Directora de Gabinete Jurídico son funcionarios LICENCIADOS EN DERECHO? ¿no podían informar Y ASÍ EVITAR LAS EMPRESAS PRIVADAS?

¿No se van a investigar el resto de las contrataciones de bufetes privados que se han hecho en el Ayuntamiento en estos últimos años? ¿ Se puede contratar externamente para que realicen FUNCIONES que son competencia del personal municipal. ¿No se estaría vulnerando el art. 142.1 del Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales. ¿No se estaría cometiendo una contratación de personal fraudulenta?


¿Abundando en lo anterior, se está racionalizando el gasto público al contratar abogados externos cuando hay personal de sobra cualificado en el Ayuntamiento?

¿No es extraño que este tema se agudice cuando un partido político amenaza con llevar a otro a los tribunales por no facilitarle la documentación?

Todos estos interrogantes nos hacen pensar en una maniobra electoral y no vamos a consentir que se juegue con el trabajo y la dignidad de los técnicos municipales utilizando empresas privadas.