La Cámara de Cuentas de Andalucía emite un informe desfavorable contra la gestión del Gobierno local del PSOE de Mamen Sánchez

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha emitido un informe en el que advierte de incumplimientos legales y otras incorrecciones en lo que refiere a la gestión del Ayuntamiento de Jerez por parte del Gobierno local del PSOE de Mamen Sánchez.

En concreto, el análisis realizado por este ente autonómico se refiere a datos del año 2018. Precisamente en ese ejercicio y bajo el mandado de los socialistas, el Consistorio de Jerez habría realizado más del 80% de pagos fuera del período legal establecido para ello, es decir, montante total alrededor de los 47,5 millones de euros, evidenciando así una situación de absoluto riesgo financiero. También aprecia esta auditoría retrasos en la aprobación de presupuestos, liquidaciones y cuentas generales e incumplimientos de la Ley de Transparencia. Por si lo anterior fuera poco, el Ayuntamiento del PSOE, tras habérsele requerido documentación sobre, por ejemplo, comisiones de servicio de trabajadores municipales, no habría aportado la misma, impidiendo así su fiscalización.

Asimismo, la Cámara de Cuentas de Andalucía observa otras incorrecciones en materia de recursos humanos, recalcando que el número de plazas establecidas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para el régimen jurídico de funcionarios está por debajo del número de plazas aprobadas por la plantilla presupuestaria, también en contra de lo que marca la Ley.

Otro de los problemas que aprecia la Cámara en la gestión municipal del equipo de Mamen Sánchez tiene que ver con el abono de determinados complementos o sobresueldos a empleados municipales, tales como el plus de productividad. Pone el foco en ellos puesto que se habrían producido "sin que existieran criterios objetivos". En la misma línea de irregularidades se encuentran el abono recurrente de gratificaciones a la plantilla, llegando a alcanzar en algunos casos estos pagos la cantidad de 2.707 euros mensuales. Pagos que no se ajustarían a la Ley, pues sólo deberían realizarse en supuestos en los que empleados realicen funciones distintas a las que le han sido asignadas por su puesto.

Ante todo lo anterior, desde el Gobierno local se han limitado a desacreditar el informe, asegurando que la Cámara de Cuentas de Andalucía "ha tenido un tratamiento discriminatorio" y acusan al Partido Popular de hacer un uso partidista de esta institución, cuestionando al responsable de esta auditoría, Miguel Contreras Manrique, por haber tenido un cargo en el PP andaluz.