La Consejería de Educación mantiene las ayudas a las guarderías obligadas a cerrar temporalmente por el COVID-19

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado un decreto que permite que las escuelas infantiles adheridas al programa de ayudas puedan seguir recibiendo subvenciones en caso de cierre temporal a causa de la pandemia de COVID-19, como ya sucedió el curso pasado.

Así, la Consejería de Educación y Deporte ha puesto en marcha, como medida urgente y extraordinaria, una línea de subvenciones dirigida a los 1.973 centros adheridos al programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la Educación Infantil, que durante el curso 2021/22 y como consecuencia de la incidencia del COVID-19, se vean obligados por la Junta de Andalucía al cierre total o parcial de los centros educativos al decretarse la suspensión educativa y asistencial presencial en los mismos. En este sentido, la Consejería ha tenido en cuenta la importante labor educativa y social de los centros, así como la necesidad de mantener estas ayudas para que el sector pueda subsistir.

La subvención mensual por la interrupción total o parcial de su actividad educativa y asistencial que corresponderá a cada centro, será el resultado de multiplicar el número de alumnos y alumnas matriculadas en la fecha de inicio de la suspensión de la actividad por el 85% del precio público del servicio de atención socioeducativa. Esta cantidad asciende a 204,45 euros mensuales por alumno o alumna.

La concesión de la subvención estará condicionada a que la entidad beneficiaria mantenga la plantilla de trabajadores del centro en las mismas condiciones laborales y durante el tiempo que esté cerrado total o parcialmente el mismo, así como el abono de los salarios y seguros sociales.

Por otro lado, como el curso pasado, el decreto ley también incluye la aprobación de un incremento anual, en casi seis millones de euros, de la cuantía de los módulos económicos, a destinar al refuerzo de la limpieza y desinfección de los centros docentes concertados para dar cumplimiento a los requerimientos exigidos en esta materia por las autoridades sanitarias. No obstante, además, podrá destinarse a la compra de equipos de protección individual contra el COVID-19 para el profesorado y el personal complementario, y especialmente para los profesionales que atienden al alumnado, de especial vulnerabilidad, en las aulas específicas de Educación Especial.