La jerezana Ana María Orellana es nombrada magistrada del Tribunal Supremo

El Gobierno de Jerez ha trasladado su felicitación a la nueva magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo Ana María Orellana Cano, tras la decisión del pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ha acordado los nombramientos de 21 magistrados, entre ellos el de esta jueza que se convierte en la primera jerezana en alcanzar este órgano judicial.

El Consistorio se enorgullece de este nombramiento que pone el broche a una larga carrera plagada de éxitos y reconocimientos profesionales, marcada por la brillantez en todos y cada uno de los órganos judiciales en los que esta jerezana ha prestado un intachable servicio, siendo un ejemplo para esta ciudad y la sociedad en general gracias a una extensa y admirable trayectoria. La alcaldesa en las redes sociales ha felicitado públicamente a la magistrada de quien ha dicho que "lleva toda su vida profesional abriendo camino y rompiendo barreras".

Nacida en Jerez, casada y con cuatro hijos, Ana María Orellana ha sido magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla y fue la número 1 de la segunda promoción de Magistrados Especialistas del Orden Jurisdiccional Social y la primera mujer magistrada especialista en lo Social en España entre muchas ocupaciones. Con más de 20.000 sentencias en la jurisdicción social, o habiendo deliberado más de 45.000 sentencias en Salas de lo Social de Tribunales Superiores de Justicia, sus logros profesionales son incontables marcados siempre por un altísimo grado de rendimiento y cuenta con la Cruz Distinguida de la Orden de San Raimundo de Peñafort al mérito judicial. Cabe recordar además que la magistrada fue nombrada como uno de las tres personas que tuvieron el honor de encarnar a los Reyes Magos de Oriente en la Cabalgata del 5 de enero de 2024, en este caso junto al humorista Luis Lara y el bordador Fernando Calderón.

Con sede en Madrid, el Tribunal Supremo es un órgano con jurisdicción en todo el territorio nacional, constituyendo el tribunal superior en todos los órdenes (civil, penal, contencioso-administrativo y social), salvo lo dispuesto en materia de garantías y derechos constitucionales, cuya competencia corresponde al Tribunal Constitucional. Fue creado en 1812 por las Cortes de Cádiz y constituye la cúpula del sistema de impugnaciones siendo, por tanto, el máximo responsable de la unidad de interpretación de la jurisprudencia en España.