La Junta aumenta un 10% la ayuda extraordinaria para pensiones no contributivas y asistenciales

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, una subida del diez por ciento en el complemento autonómico que destina a las personas beneficiarias de pensiones de jubilación e invalidez no contributivas, de ayudas sociales del fondo de asistencia social (FAS) y del subsidio de garantías de ingresos mínimos (SGIM) para el año 2024.

El Gobierno andaluz ha acordado revalorizar el importe de la ayuda complementaria a las pensiones no contributivas y asistenciales para el próximo año, medida que beneficiará a más de 94.800 personas (94.853) dentro del grupo de población más vulnerable. Este incremento del 10% en las ayudas extraordinarias destinadas a perceptores de pensión no contributiva es el más alto de los aprobados por un gobierno andaluz desde que comenzaron a aprobarse estas ayudas en 2003. Además, este incremento es muy superior al IPC (índice de precios de consumo) correspondiente al mes de octubre de 2023, cuyo porcentaje definitivo ha quedado fijado en el 3,5%.

Las pensiones no contributivas tienen la cuantía más baja de las reconocidas por el Sistema de la Seguridad Social y esto, unido a un también bajo nivel de rentas, lleva a considerar a este colectivo en riesgo de exclusión social. Ante esta situación, se determina conveniente el establecimiento de la ayuda económica complementaria para este colectivo.

De esta forma, la cuantía individual del complemento para las pensiones no contributivas pasa de los 162,20 euros a 178,42 euros para 2024. Para su abono, será un requisito ser persona perceptora de pensión de jubilación o invalidez en sus modalidades no contributivas y tener esta condición a 31 de diciembre de 2023, así como tener la vecindad administrativa en territorio andaluz. El número de personas beneficiarias previstas para el año 2024 asciende a 93.273, siendo el 64% mujeres.

En el caso de las personas beneficiarias del Fondo de Asistencia Social y del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos, la cuantía individual de estas ayudas se fija en 1.725 euros para todo el próximo año frente a los 1.568 de 2023. Asimismo, se establece como requisito ser persona perceptora de esta pensión asistencial en el momento del abono de dichas ayudas o tener reconocido el subsidio durante al menos los tres meses inmediatamente anteriores a las fechas establecidas para su pago y residir en Andalucía. Por este concepto, el número de personas beneficiarias de esta ayuda para 2024 asciende aproximadamente a 1.580, el 86% mujeres.

Hay que recordar que la insuficiencia de las prestaciones, junto con la competencia exclusiva que corresponde a Andalucía en materia de asistencia y servicios sociales, hizo que se estableciesen ayudas económicas complementarias de carácter extraordinario que se han ido abonando desde 1998 en el caso de las pensiones no contributivas y desde 1989 para las personas beneficiarias del FAS y el SGIM con la finalidad de contribuir a mejorar su situación socioeconómica.

Las personas que reciben estas prestaciones carecen de los recursos necesarios para atender sus necesidades básicas de subsistencia, y esta ayuda económica es distinta y compatible con las del Sistema de la Seguridad Social y con las que pueda otorgar la Administración General del Estado. Por este motivo, la Junta de Andalucía, en consideración a la cuantía de la prestación que reciben y su bajo nivel de rentas como colectivo en riesgo de exclusión, promueve el establecimiento de estos mecanismos.

Por otra parte, el Fondo de Asistencia Social, con origen en 1981, quedó suprimido en 1992, por lo que únicamente perciben esta ayuda las personas que la tuvieran ya reconocida anteriormente. Asimismo, el Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos creado en 1982 fue derogado en 1991 con la salvedad de que las personas beneficiarias continuaran con el derecho de percepción siempre que siguieran reuniendo los requisitos exigidos y no optasen por pasar a percibir pensión no contributiva de la Seguridad Social.