La Junta sube un 9% la ayuda extraordinaria para las pensiones no contributivas y asistenciales

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado recientemente una subida del 9% en el complemento autonómico que destina a los beneficiarios de pensiones de jubilación e invalidez no contributivas, de ayudas sociales del fondo de asistencia social (FAS) y del subsidio de garantías de ingresos mínimos (SGIM) para el año 2023.

Tras el compromiso adquirido en octubre, el Consejo de Gobierno ha acordado revalorizar el importe de la ayuda complementaria a las pensiones no contributivas y asistenciales para el próximo año, medida que beneficiará a casi 99.000 personas (98.991) dentro del grupo de población más vulnerable.

Las pensiones no contributivas tienen la cuantía más baja de las reconocidas por el Sistema de la Seguridad Social y esto, unido a un también bajo nivel de rentas, lleva a considerar a este colectivo en riesgo de exclusión social. Ante esta situación, se determina conveniente el establecimiento de la ayuda económica complementaria para este colectivo. La cuantía individual del complemento para las pensiones no contributivas pasa de los 148,81 euros a los 162,20 para 2023. Para su abono, será requisito ser persona perceptora de pensión de jubilación o invalidez en sus modalidades no contributivas y tener esta condición a 31 de diciembre de 2022, así como tener la vecindad administrativa en territorio andaluz. El número de personas beneficiarias previstas para el año 2023 asciende aproximadamente a 97.157.

En el caso de las personas beneficiarias del Fondo de Asistencia Social y del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos, la cuantía individual de estas ayudas se fija en 1.568,64 euros para todo el próximo año frente a los 1.439 de 2022. Asimismo, se establece como requisito ser persona perceptora de esta pensión asistencial o tener reconocido el subsidio durante los tres meses inmediatamente anteriores a las fechas establecidas para su pago y residir en Andalucía. Por este concepto, el número de personas beneficiarias de esta ayuda para 2023 asciende aproximadamente a 1.834.

Con un escenario económico actual convulso, con una inflación muy alta (6,8% en el mes de noviembre) y repercusiones de la Guerra en Ucrania en los precios de los combustibles, las previsiones no son optimistas, sobre todo para las personas más vulnerables. De ahí, la relevancia de estos mecanismos complementarios.

Hay que recordar que la insuficiencia de las prestaciones, junto con la competencia exclusiva que corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de asistencia y servicios sociales, hizo que se estableciesen ayudas económicas complementarias de carácter extraordinario que se han ido abonando desde 1998 en el caso de las pensiones no contributivas y desde 1989 para las personas beneficiarias del FAS y el SGIM con la finalidad de contribuir a mejorar su situación socioeconómica.

Las personas que reciben estas prestaciones carecen de los recursos necesarios para atender sus necesidades básicas de subsistencia, y esta ayuda económica es distinta y compatible con las del Sistema de la Seguridad Social y con las que pueda otorgar la Administración General del Estado. Por este motivo, la Administración andaluza, en consideración a la cuantía de la prestación que reciben y su bajo nivel de rentas como colectivo en riesgo de exclusión, promueve el establecimiento de estos mecanismos.

Por otra parte, el Fondo de Asistencia Social, con origen en 1981, quedó suprimido en 1992, por lo que únicamente perciben esta ayuda las personas que la tuvieran ya reconocida anteriormente. Asimismo, el Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos creado en 1982 fue derogado en 1991 con la salvedad de que las personas beneficiarias continuaran con el derecho de percepción siempre que siguieran reuniendo los requisitos exigidos y no optasen por pasar a percibir pensión no contributiva de la Seguridad Social.

Estas personas beneficiarias vienen percibiendo la prestación en igual cuantía mensual de 149,86 euros con un total anual de 2.098,04 euros de manera invariable desde el año 1991, sin que haya sido objeto de revalorización en las Leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado aprobadas hasta la fecha, siendo las de menor cuantía de todo el sistema de protección social.