La lengua proscrita

El español es un idioma maravilloso, de una riqueza extraordinaria. La capacidad expresiva del idioma español es bárbara. Siempre he reivindicado el uso correcto del lenguaje y me he maravillado con la grandeza del vocabulario español. Creo, sin duda, que los castellanoparlantes somos unos privilegiados. Gozamos, a mi juicio, de un placer idiomático sin parangón. No soy políglota, solo me defiendo en inglés pero, aun así, reivindico el español como un idioma excelso y siempre lo haré.

Es sorprendente que haya quienes renieguen del español y lo conviertan —o pretendan convertirlo— en un idioma proscrito. Es el cuarto idioma más hablado del planeta solo por detrás del inglés, el chino y el hindi. Casi 600 millones de personas se comunican en español. Hoy, viajar hablando español e inglés supone una garantía comunicativa, sin duda.

Hay alrededor de siete mil idiomas en todo el mundo, así que ser uno de los más hablados tiene su importancia. Defender la pervivencia de idiomas minoritarios es legítimo y encomiable, nadie lo discute. Pero la imposición no parece la mejor estrategia para ello. Hablemos por un momento de un idioma que figura entre los cien más hablados del mundo, que no está mal, aunque no hay información contrastable ni veraz sobre el número de personas que hoy hablan catalán. La cifra podría rondar los ocho, nueve o diez millones de personas, que no son pocas en relación con la población de España, pero sí son escasas en comparación con el número de personas que hablan español en el mundo, recordemos: casi 600 millones.

Las lenguas cooficiales de nuestro trágico país han de ser defendidas, claro que sí. La diversidad de nuestra cultura tiene que ver con los territorios, y la identidad de esos territorios está marcada por el idioma o el acento. El andaluz es un acento, como el canario, el murciano, el extremeño o el mañico. Y es maravilloso oír el español con acentos latinoamericanos con sus propios giros idiomáticos. Todo eso lo brinda el español de España. Los idiomas cooficiales son exactamente eso: cooficiales dentro de un Estado cuya lengua vehicular es el español. La administración pública debe adoptar políticas que velen por la supervivencia de los idiomas cooficiales. Nada que objetar a esta premisa. Y la convivencia, la complementariedad de los idiomas debería ser la norma a establecer. Pero nos encontramos con varios territorios —varias comunidades autónomas: Cataluña, Euskadi, Valencia, Baleares y Galicia— que imponen políticas lingüísticas que relegan, rechazan e, incluso, repudian al castellano convirtiendo al español en un idioma proscrito condenado al destierro.

La cuestión del idioma es capital y se puede convertir en un elemento discriminatorio. Lo que está ocurriendo estos días en Cataluña es tremendo y repugnante. Los padres de un crío de 5 años solicitan que se imparta enseñanza en español a su hijo en el porcentaje prescrito por la Justicia: un 25%; es decir, una de cada cuatro horas, ¡qué barbaridad! Y hordas de integristas se han lanzado a la gresca, amenazando a esta familia y convirtiendo a un niño en diana de ataques furibundos con el catalán como bandera.

La administración catalana ha salido en defensa —¡cómo no!— de los recalcitrantes defensores del catalán. Los regidores de Cataluña no quieren el supremacismo del español, un idioma que —dicen— no necesita defensa alguna. Sí el catalán. Y, ¿qué dice el Gobierno de la nación? Pues lo esperado: reacción tibia en la que pide respeto para el niño y su familia pero, al mismo tiempo, deja en el aire la aplicación real de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la enseñanza del español en ese mencionado 25%. Hay lío y controversia jurídica y, hasta que se dilucide el particular, ¡que arda Troya, y que los independentistas sigan con su matraca interminable!

Es una lástima. Es muy penoso que la convivencia cívica se vea alterada y viciada por los políticos. Estoy convencido de que una gran mayoría de catalanes asiste con estupor a estas disputas lingüísticas. Estoy seguro de que la convivencia idiomática enriquece un territorio y su singularidad. El idioma específico y singular de una zona del territorio debería ser solo una seña de identidad, pero no una excusa para separar, segregar, señalar y discriminar. La libertad de elegir debe respetarse siempre y, sin embargo, hoy en Cataluña y otras zonas del país, esa libertad es pisoteada gracias al extremismo, la radicalidad y los intereses de una clase política cada vez con menos clase.