La pólvora del rey

Se conocen como los PGE en abreviado: los Presupuestos Generales del Estado, los dineros públicos que nuestro amado Estado recauda, ingiere, deglute y reparte discrecionalmente pensando —¡cómo no!— en el bien común. Es el gran invento podíamos decir que occidental porque la mayoría de países occidentales se rige por ese honroso principio: la redistribución solidaria de la riqueza. Y es que el dinero del ciudadano, contribuyente, paganini está mejor en las arcas estatales que en el bolsillo de cada individuo. ¿O es que usted no lo sabía? El Estado del Bienestar —sobre todo la sanidad y la educación— depende de que usted contribuya con su esfuerzo. Así que usted, querido compañero de fatigas que se encuentra activamente contribuyendo hoy, debe trabajar para Papá Estado algo así como medio año. No se queje, tampoco es para tanto, ¿o sí?

No hace falta aclarar el deje de sarcasmo (o cinismo, si lo prefiere) de estas palabras. El mismo vocablo "impuesto" denota su significado; la voluntariedad no forma parte de la fórmula. Es encomiable que algunos ilustrados se vanaglorien del pago de impuestos y se muestren encantados de pagarlos por el bien común. A esos iluminados les recordaría una frase del desaparecido Paco de Lucía; en una de sus últimas entrevistas soltó: "yo era de izquierdas hasta que gané mis dos primeros millones de pesetas". Los hay, no obstante, que abrazan la opulencia de la sociedad capitalista pero venden su discurso social bienintencionado… ¡no se puede ser más hipócrita! No hace falta dar nombres que eso está muy feo, pero si es usted una persona medianamente informada podrá ponerlos motu proprio.

No son pocos los que opinan que en España el régimen fiscal es confiscatorio, con todo lo que implica este término. Hay economistas que consideran que se detrae fiscalmente una proporción excesiva a los ingresos genuina y legalmente obtenidos. Estaba de moda decir aquello de "España nos roba" en los territorios del Este, pero esa frase se puede acuñar sin rubor en el resto del país.

Tenemos un Estado deficitario de manera estructural, como tantos países anclados en la llamada socialdemocracia. La deuda pública ya es el 117% del Producto Interior Bruto, esto es la riqueza que genera cada año el país. Cada españolito de a pie debe así unos 31 mil euros. El concepto socialdemócrata en sí mismo es pernicioso porque favorece el gigantismo estatal, del que pasa a depender buena parte de la población; así, hoy tenemos a una mitad de españoles activa que sostiene prácticamente a la otra mitad pasiva. La carga de los dineros públicos recae en esa mitad que labora, labora y labora sin parar y que contribuye y contribuye sin remisión. Porque el Estado es voraz e insaciable y penaliza a aquellos que quieren prosperar de forma honesta y legítima. Con la excusa de la proporcionalidad y la progresividad se esquilma a quienes sacan, aunque sea solo un poco, la cabeza del redil. La clase política moderna, en general, prefiere una ciudadanía dócil, sirviente y sumisa. Que buena parte de la población dependa de lo público es una manera óptima de esclavizar sin casi dolor.

Los Presupuestos Generales del Estado ya están en su trámite parlamentario. La información completa sobre el proyecto presupuestario se puede obtener en Internet. Le invito a que se detenga a echarle un vistazo, podrá leerlo si le echa paciencia y unas cuantas horas. Grosso modo son unos presupuestos expansivos volcados, faltaría más, en el gasto social para que "la gente media trabajadora no quede desamparada", eso dicen los voceros del Gobierno. La cifra total que el Ejecutivo contabiliza en los presupuestos asciende a 485.986 millones de euros, casi un 6% más que en el ejercicio de 2022. Las partidas más cuantiosas —como imagino ya conocerá— se destinan a pensiones con un 39% del gasto, es decir, 190 mil millones de euros. Los casi diez millones de pensionistas están de enhorabuena con la subida de las pensiones, acompasada al IPC, que está disparatado. No parece muy social que la subida se realice a todos los pensionistas al margen de la cuantía de su pensión y de sus condiciones vitales. Tendría sentido subir incluso más que el IPC aquellas pensiones escuetas como las no contributivas, que no llegan a los 600 euros. Pero en este país hay pensionistas, y no pocos, que perciben la máxima que alcanza los 2400 euros netos en el bolsillo. También están de suerte los funcionarios, a los que se les sube el sueldo un 7,5% en dos años. El capítulo del gasto funcionarial en los presupuestos es abultado, no podía ser de otra forma: unos 20.500 millones de euros, un 6,5% de gasto más que este año 2022. En España el empleo público es el que más aumenta. Lo hace sin parar. Ya son más de 2.700.000 mil y la cifra aumentará en 2023 porque la oferta pública de empleo no cesa. De esta manera tenemos a casi trece millones de españoles financiados con dinero público a los que hay que sumar todos aquellos que perciben subvenciones, subsidios, prestaciones y pagas del más variado pelaje.

En España somos 20 millones y medio de personas las que trabajamos y cotizamos. Solo para pagar el capítulo de las pensiones, cada trabajador aportará en 2023 unos 770 euros al mes, casi 9270 euros al año. Porque, pese a lo que piensen algunos equivocadamente, los que cotizan hoy son los que sufragan las pensiones de nuestros mayores hoy. Así funciona un sistema de pensiones que, al paso que va, se hará insostenible.

En año electoral es importante que las decisiones que afectan a esta importante masa electoral sean favorables. No se olvide tampoco de los 400 euros para gasto cultural a los jóvenes cumpleañeros con sus recién estrenadas 18 primaveras y su recién estrenado derecho a voto. Los políticos del ilustre Congreso de los Diputados también están felicitándose con la subida un 4% de sus retribuciones… no podían quedarse atrás, ¡faltaría más! Así que aquí está todo el mundo contento… ¿o no? Quizá no estén tan felices los autónomos, los emprendedores, los pequeños y medianos empresarios, los profesionales liberales… la otra mitad privada que sostiene en gran medida a esa España pública y que siente cómo su esfuerzo fiscal y contributivo es cada vez mayor.

Todos queremos un Estado del bienestar, por supuesto, y unos servicios públicos dignos y universales pero, también, que haya un gasto equilibrado y justo. El despilfarro y el chorreo, que favorecen la aparición de redes clientelares, es lo que caracteriza sin embargo la administración del dinero público. Se dispara muy bien con la pólvora del rey, claro que sí, el problema es que mojada deja de funcionar y está cayendo agua a chaparrones.