La salud pública como excusa

Viajar por ocio es un placer o, al menos, debería serlo. No imagino nada más enriquecedor que conocer otras culturas, otras costumbres, otras maneras de vivir la vida y descubrir entornos únicos por su historia, por su enclave natural o por la idiosincrasia de su gente. Nada debe haber más estimulante que conocer mundo y, con ello, abrir la mente y dejar que las experiencias contribuyan al crecimiento personal. Hay personas —y no pocas— que, desgraciadamente, no pueden permitirse el lujo de hacer turismo y viajar a pesar de que, en los últimos años, la aparición de aerolíneas de bajo coste ha universalizado el turismo poniéndolo al alcance de muchos; no obstante, los hay que tienen cierta aversión a lo nuevo y prefieren las certezas de lo conocido, de lo rutinario, de lo consabido. Lo respeto, pero no lo comparto. Creo que perderse —porque sí— el conocimiento que procuran los viajes hace la vida menos interesante. 

La pandemia ha sacudido el turismo durante los últimos dos años poniendo en jaque a un sector que, en todo el Globo, supone una actividad económica de primer orden. Numerosos países han convertido el turismo en su principal fuente de ingresos o en una muy importante, como es el caso de España. La aparición de las vacunas iba a suponer el fin de la pandemia; y digo «iba» porque, casi un año después de la invasión vacunil, seguimos a vueltas con el virus del demonio. 

Las autoridades sanitarias (¡qué bien queda decir eso así, en genérico!) son las que rigen la salud pública, la salud común; pero, ¿quiénes toman las decisiones y siguiendo qué criterios? Pues las decisiones que nos afectan a todos los ciudadanos las toman burócratas —también llamados políticos— y siguiendo criterios que pocas veces tienen que ver con certezas científicas. 

No me declaro antivacunas ni muchísimo menos; muy al contrario, creo que las vacunas suponen uno de los mayores avances de la Medicina. Incontables vidas se han salvado desde que aparecieron las vacunas, y muchas enfermedades endémicas se han erradicado gracias a ellas. Pero con el COVID hemos entrado en un frenesí desbocado, una espiral de estupideces sin sentido que enredan y complican la vida al ciudadano. ¡¡¡Y todo en aras del bien común y la salud pública!!! Es una excusa, simplemente. El objetivo que se esconde tras medidas como el pasaporte sanitario se me escapan. La Unión Europea —esa cámara de representantes adalides de la libertad y de la socialdemocracia occidental— ha decidido imponer la obligatoriedad vacunatoria hasta verano de 2023 con las dosis que se consideren oportunas para poder viajar por Europa. Hoy son tres, con una validez de nueve meses. Seguramente, llegaremos a cuatro o a cinco. Me da que el interés de estos defensores de la salud pública es el de dar salida a los millones de vacunas adquiridos a las farmacéuticas, las grandes beneficiadas de la pandemia.

Se ha demostrado que las vacunas actuales no suponen inmunidad ni tampoco evitan el contagio y la propagación del virus; por lo tanto, exigir que un ciudadano esté vacunado para permitirle viajar o acceder a espacios públicos o a transportes es una auténtica gilipollez. Acabo de viajar a Italia y mi experiencia es ilustrativa, o eso creo al menos. Tanto mi pareja como yo hemos recibido dos vacunas y, además, hemos pasado la enfermedad en diciembre pasado. Según recomienda el propio Ministerio de Sanidad hay que aguardar 5 meses tras la infección para inocular una tercera dosis de refuerzo. Ocurre que en Italia es obligatorio tener tres dosis. Allí se sanciona a los no vacunados e, incluso, se les prohíbe trabajar. ¡Viva el totalitarismo! un régimen que parecen querer recordar nuestros vecinos transalpinos… En Italia, en cualquier espacio público turístico, hoteles y restaurantes, para acceder piden presentar la llamada "Green Pass", un código digital dentro de una aplicación que se escanea con un móvil. Un gesto sencillo del que depende que te digan si eres un buen ciudadano o un mal ciudadano. Sin las tres vacunas que la burrocracia italiana exige, te conviertes en un paria y has de explicar, debatir e, incluso, discutir con un tipo en la entrada de un museo, convertido en policía cívico. El título de buen ciudadano no lo otorga un código digital. Es indignante que, resignadamente, tengamos que acceder al chantaje de unos políticos estúpidos. Una ley puede ser inmoral —como es el caso—, así que su cumplimiento depende del ciudadano que tal vez se exponga a una sanción o a una discusión, pero —a mi juicio—por encima deben estar la dignidad y las convicciones morales. 

El estricto protocolo italiano se soslaya fácilmente aportando un código de un familiar con tres vacunas, ya que el estricto reglamento no se aplica con diligencia en ningún caso: nadie contrasta el documento de identidad con el código digital, ni siquiera en el control aeroportuario. Hecha la ley, hecha la trampa. ¡Así de simple y así de estúpido! Las vacunas no deben ser obligatorias. No se puede coaccionar al ciudadano "por su salud". Cada uno ha de ser responsable de su vida y de las decisiones que atañen a su salud. Es muy preocupante la deriva totalitaria que están tomando algunos gobiernos —supuestamente— democráticos. Afortunadamente, no somos Italia, pero en algunas comunidades autónomas se ha aplicado la misma norma hasta hace bien poco. La libertad individual está en juego. Hoy ya no podemos dar nada por sentado.