Más de 800.000 euros de dinero público habría gastado el PSOE de Mamen Sánchez en asesores políticos durante el actual mandato

Más de 800.000 euros de dinero público ha gastado el Gobierno local del PSOE de Mamen Sánchez en asesores políticos asignados a dedo, según denuncia el Partido Popular. Unas contrataciones que la Justicia ha declarado ilegales por vulneración de derechos de la propia formación conservadora.

Unos salarios públicos que Mamen Sánchez no solo ha pagado desde julio de 2019, sino que ha seguido pagando una vez el juez dictó sentencia anulando el acuerdo de la Junta de Gobierno de reparto de asesores, algo que para el PP es totalmente contrario a los intereses de la ciudad.

Como recuerdan desde el PP, no sólo Mamen Sánchez lleva gastado más de 800.000 euros de dinero público en asesores cuyo nombramiento el juez ha sentenciado es nulo, "sino que además hay que sumar las costas a las que ha sido condenado el PSOE de Mamen Sánchez en este procedimiento, que no es el único contra las decisiones de Mamen Sánchez contrarias a la Ley".

"La Justicia ha vuelto a parar el pisoteo de Mamen Sánchez a las reglas de la democracia y a las leyes. Si ya el pasado año sentenció en contra de Mamen Sánchez por vulnerar los derechos fundamentales de los concejales del PP al aprobar en Junta de Gobierno un acuerdo de reparto de asesores que discriminaba de forma deliberadamente arbitraria e injusta al PP, ahora la Justicia le obliga a cumplir y ejecutar la sentencia", expresan los populares.

Es importante recordar que Mamen Sánchez se puso el doble de asesores de los que tenía en la legislatura anterior (hasta 11) y negó al PP los recursos que sí dio al resto de partidos.

El Consistorio de Mamen Sánchez tiene a 17 personas dentro de la categoría de personal eventual, de las que 10 son asesores de los propios socialistas. El magistrado ha dado un plazo de 10 días al Ayuntamiento del PSOE para anular por completo las contrataciones del acuerdo correspondiente a la JGL de 18 de julio de 2019. De este modo, establece que deben surpimirse las adjudicaciones de personal entonces acordadas, llevando ello al cese automático de todos los cargos de confianza nombrados en aquella sesión.