La Junta de Andalucía ha rechazado el recurso de alzada presentado por el Ayuntamiento de Jerez contra la paralización de las obras en el entorno de la plaza Esteve. La Administración autonómica desoye los argumentos del Consistorio y mantiene que el adoquinado es un bien inmueble, tal y como recogen el Código Civil y la Ley del Patrimonio Histórico de la comunidad, y por tanto la acometida para retirarlo del pavimento precisa de la autorización previa de la Consejería de Cultura.
Ante esta situación, tal y como avanzó días atrás el delegado municipal de Urbanismo, el socialista José Antonio Díaz, el asunto podría elevarse a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En el Ayuntamiento que gobierna el PSOE de Mamen Sánchez plantean trasladar el conflicto hacia esta vía judicial por haber "terceras partes perjudicadas", en alusión a los comerciantes de la zona, y por una supuesta vulneración de competencias y, por tanto, de la autonomía local. Sin embargo, la Junta exceptúa para las delegaciones contempladas en la legislación los casos de demoliciones, por lo que el asfaltado de Esteve excedería en cualquier caso las supuestas competencias de las que dice gozar el Ejecutivo local.
La Ley del Patrimonio Histórico Andaluz indica, en su artículo 36, que la demolición total o parcial de inmuebles incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz exigirá, en todo caso, la autorización de la Consejería de Cultura y Medio Ambiente. Hay que explicar aquí que en el eje de Esteve hay demolición, pues el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero describe esta actividad como "la realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo". Asimismo, el Centro Histórico de Jerez forma parte del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural (BIC). Por si no fuera suficiente, el propio Código Civil deja claro en el primer punto del artículo 334 que son bienes inmuebles "las tierras, edificios, caminos y construcciones de todo género adheridas al suelo", extremo que el equipo de Gobierno del PSOE de Jerez no comparte.
El Ayuntamiento de Jerez se expone a importantes sanciones económicas por esta obra en el eje que abarca las calles Corredera, Esteve, Santa María y Cerrón, cuya ilegalidad avalan al menos siete informes técnicos. La Junta está habilitada para imponer multas por infracciones graves contra el patrimonio a la Administración municipal de Mamen Sánchez, las cuales pueden ir desde los 250.000 hasta el millón de euros.
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