UGT traslada a la Fiscalía nuevas irregularidades de los socialistas en el Asilo San José

El sindicato UGT, con representación en el comité de empresa de la Fundación Centro de Acogida San José, está poniendo en conocimiento de la Fiscalía irregularidades en la gestión de la institución. Denuncian el mal funcionamiento en materia de prevención de riesgos y contractual en las instalaciones públicas que dirige Fátima Villar, persona de confianza de la delegada de Acción Social Carmen Collado y de la alcaldesa socialista Mamen Sánchez.

Son varias las ocasiones en las que desde el comité sindical de dicho ente se han expuesto presuntos ilícitos por parte del Ayuntamiento del PSOE, pues en el Asilo San José se estaría incurriendo en la compra de voluntades mediante la asignación de puestos, habiendo además indicios de falsedad documental que la Justicia deberá estudiar. Del mismo modo se han dado ilegalidades en cuanto a contratos se refiere que han sido tumbadas por la Inspección de Trabajo y fuentes de la empresa municipal manifiestan sus sospechas respecto a supuestos casos de tráfico de influencias. Uno de los hechos que ha desatado la indignación de los representantes de los trabajadores es el de la falta de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales tal y como establece la legislación vigente, máxime en la situación de pandemia en la que estamos envueltos. La residencia ha venido funcionando en los últimos meses sin él y, de hecho, aún no se ha hecho entrega del documento a la plantilla de manera oficial, por lo que en el comité intuyen un delito contra la salud pública achacable a la directiva.

Resaltan desde la Unión General de Trabajadores que "con dinero público, la Fundación contrató por Ley a una empresa de prevención de riesgos laborales, Quirón, encargada de evaluar las medidas preventivas de todos los departamentos de la residencia y el Albergue Municipal frente a cualquier posible accidente laboral [...]. Debido a la pandemia, Quirón evalúa en Marzo de 2020 una serie de medidas preventivas para prevenir y combatir el COVID-19", no obstante "se supone que dichas medidas se han de poner en conocimiento de todo el personal al instante de ser evaluadas, si no, ¿qué sentido tiene?". La propia directora, Fátima Villar, mediante un correo electrónico emitido el pasado 17 de septiembre de 2020 a la coordinadora del Albergue el 17 de Septiembre de 2020, prohibió darle difusión a este reglamento interno evitando que la plantilla de trabajadores tuviera conocimiento de las mismas.

Precisamente en septiembre esta misma responsable se quejaba públicamente de la "persecución" y el "acoso" a los que supuestamente se veía sometida por el comité y que achacaba a la retirada de un plus salarial a un grupo de empleados y al cese de un coordinador tras 18 años en el puesto, haciéndole descender de categoría profesional. Ello es una muestra más de la relación tirante que han mantenido ambas partes, con cruces de acusaciones incluidos.

El 26 de noviembre de 2020 y con una visita de la Inspección de Trabajo como pretexto, la dirección instó a la coordinadora, entonces sí, a que entregase al personal dichas normas y recomendaciones. Esta última trasladó de manera inmediata las medidas a los empleados del Albergue pero en el documento de entrega y al firmar el recibí constató la anterior prohibición de su circulación, evidenciando que Villar ordenó expresamente su ocultación. "Es incomprensible, es como si se tuviera la vacuna contra el COVID-19 y no se pusiera al servicio de las personas", manifiestan desde el sindicato, calificando estas acciones de "inexplicables".

UGT ya había hablado meses atrás de "persecución sindical" por la apertura de expedientes sancionadores que consideraban arbitrarios y ahora vuelve a mostrar sus diferencias con el Gobierno local pues "en toda esta situación, la señora presidenta de la Fundación, la alcaldesa de Jerez Mamen Sánchez, al igual que su compañera de partido, la delegada Carmen Collado, permiten acciones de ese tipo", destacando el agravante de que se trata de "una empresa local dedicada a cuidar de un sector tan vulnerable como son las personas mayores de la residencia –con hasta un centenar de internos– y las personas sin hogar del Albergue Municipal". Por todo ello, avisan de que esta y otras cuestiones que perciban que no son ajustadas a la Ley serán puestas en conocimiento de los jueces.

Cabe recordar que el pasado mes de diciembre Sala II del Tribunal Supremo ordenó remitir hasta 20 querellas y 30 denuncias contra el Gobierno de España por la gestión de pandemia al Juzgado decano de los Juzgados de Madrid, permitiendo investigaciones en este sentido a los juzgados ordinarios. El objetivo, en contra del criterio de la Fiscalía General del Estado, es el de autorizar a los jueces para que se incoen las causas penales que correspondan, o se acumulen a las que ya estén siendo o hayan sido objeto de tramitación. En especial, "deben incidir en las muertes en residencias de la tercera edad, en la eventual omisión de las medidas de seguridad que se brindaron a los profesionales sanitarios o a los policías, y a una posible malversación de fondos públicos en la contratación de materiales fallidos o fraudulentos para combatir la pandemia". De este modo, el Supremo dejaba abierta la vía a investigaciones de oficio para la depuración de responsabilidades ante las eventuales denuncias que se interpongan.