Un pacto por la Educación

Recientemente se ha aprobado en el Congreso a petición del grupo parlamentario socialista, a lo que se sumaron todos los demás grupos parlamentarios a excepción de los populares, la paralización de la implantación de la ley de Educación, promovida por el ex ministro Wert, conocida como Lomce, lo que supone, en la práctica la necesidad de una nueva Ley de Educación, habida cuenta que parte de esa ley ya se estaba implantando de manera progresiva, quedando ahora la comunidad educativa en un auténtico agujero negro. Se eliminan las reválidas, pero no se sabe a qué se va a volver.
Lo que es francamente indignante es que a las alturas de curso que estamos, transcurrido ya prácticamente el primer trimestre del curso, el alumnado no sepa de que va a examinarse, y el profesorado no tiene claro que es lo que debe de explicar, y que es lo que va a entrar en la selectividad, caso de que se vuelva a ella.
La Lomce, una ley hecha a espaldas de toda la comunidad educativa, que contaba con el rechazo de todos los grupos políticos a excepción de los populares, que fueron los únicos que lo apoyaron, supone un auténtico paso a tras en la concepción que  a día de hoy, en pleno siglo XXI se ha de tener de los que debe significar una ley de educación para el país.
Esta ley, de fuerte contenido ideológico y sectario, supone la vuelta a una de las premisas fundamentales de todos los regímenes totalitarios, tratando de inculcar en los más jóvenes una ideología afín a sus intereses, eliminando asignaturas como la Educación para la ciudadanía, de fuerte contenido democrático, e implantando la Religión como asignatura evaluable. O poniendo fuertes trabas al acceso del alumnado con menor poder adquisitivo a los niveles de educación más elevados. Y no hablemos de las trabas que se imponen para el normal desarrollo del currículum, condenando a niños y niñas de pocos años a no poder seguir un bachillerato y por consiguiente una carrera universitaria, cuando aún están en pleno proceso de formación y madurez.
Una ley de Educación, en la que tiene que haber un consenso entre todos los partidos políticos, buscando un pacto de estabilidad y asegurando unos planes educativos para un buen número de años, tiene que estar desprovista de un contenido ideológico partidista. Al alumnado no hay que adoctrinar, hay que enseñar, y sobre todo hay que preparar para que pueda aprender. No se trata de imponer un gran número de materias y un amplio currículum. Hay que enseñara a pensar. Hay que educar para la convivencia y para la democracia, en la cual, creo, que todos participan. No se le pueden hacer concesiones a la Iglesia para contentar al ala más reaccionaria de la sociedad. Estamos en un estado laico y aconfesional, y una ley de educación debe plasmarlo y afianzarlo.
Lo que no se debe de consentir, por otro lado, es que el texto de esa futura ley, si se llega a hacer, sea de nuevo consensuada por unos partidos políticos, de espaldas a la comunidad educativa. Las leyes, han de hacerlas los profesionales a los que ha de afectar, aunque después los partidos políticos le den forma de ley. Pero no es posible que unas personas, que no han pisado un aula se puedan poner a elaborar unas leyes con unos criterios que desconocen y a los cuales son totalmente ajenos.
¿Por qué no se pone de ministro de educación un docente, o de sanidad un médico? ¿Qué problema hay para pedir la opinión, el dictamen de los interesados? La respuesta es obvia. Van a pedir, a solicitar unas medidas que los políticos no están dispuestos a dar. Se pide calidad al enseñante, se le exige una profesionalidad,  de la que los políticos carecen. Interesan mucho los resultados. El nivel de aprobados, cumplir el currículum, pero cada vez más se eleva la ratio de alumnos por aula, cada vez más se recortan las medidas de apoyo, cada vez más se exige al profesorado que rellenen cientos de formularios, que al final nadie lee, pero que quitan un tiempo precioso que se le podía dedicar al trabajo en el aula.
Si se le pregunta al profesorado cómo debe ser una ley de Educación, éste pondría sobre la mesa una serie de reivindicaciones que los políticos, en aras de la economía, no estaría dispuesto a asumir. Después, el fracaso escolar es culpa del docente, o se mira para otro lado cuando se piden medidas correctivas para los fallos del sistema.
Lo que debería estar claro para todos los grupos políticos, es que si no se invierte en educación, pero de una manera real, se está cerrando la puerta del futuro a toda una generación que tendrá que afrontar la pérdida de calidad del sistema educativo. Y estoy hablando de la Enseñanza pública.
A lo mejor, es que a ciertos partidos políticos les interesa más potenciar la enseñanza privada, haciendo de ella un grupo de élite al que sólo tengan acceso un grupo de privilegiados.