Abogados, jueces y procuradores se plantan: sin medidas de protección no volverán a los juzgados

El próximo 25 de mayo está previsto el reinicio de la actividad judicial, pero esta vuelta a la normalidad, después de meses en estado de alarma, está generando inquietud y preocupación entre los profesionales de la Justicia en Jerez. Ello es debido a la falta de medidas de protección frente al coronavirus en las sedes judiciales, donde en circunstancias normales, se produce diariamente una alta concentración de personas. Por este motivo, tanto la juez decana de Jerez, como los decanos de los abogados y los procuradores de Jerez, han remitido un escrito a la Delegación territorial de Justicia de la Junta de Andalucía en Cádiz exigiendo al Gobierno andaluz que garantice la salud de los ciudadanos y de todos los profesionales que intervienen en los procedimientos judiciales.

El decano del Colegio de Abogados de Jerez, Marcos Camacho, ha reclamado que las salas de vistas y sedes judiciales del partido judicial de Jerez estén dotadas de mamparas protectoras, EPIS, protocolos y medios de desinfección, “para que se puedan desarrollar todos los actos judiciales con las medidas de protección oportunas que garanticen la salud de todos los que intervienen en la administración de justicia, así como de todas las personas que deban comparecer en los mismos”. El decano ha añadido que la Abogacía de Jerez se siente en la obligación de hacer este requerimiento, “ya que de no estar garantizada la salud de sus colegiados y de las partes que deban intervenir en los distintos procedimientos judiciales incluidos: jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia, funcionarios judiciales y peritos, se estaría poniendo en riesgo la salud de todos los que intervienen en la administración de Justicia”. Asimismo, ha advertido a la Delegación de Justicia que, de no estar garantizada la salud en las sedes judiciales, “se deberán proveer los medios telemáticos necesarios para cada trámite procesal. Ya que de no adoptarse estas medidas preventivas, se pone en riesgo la asistencia de los letrados de Jerez a las sedes judiciales, lo que hará imposible la reactivación de la Justicia que tanto interesa a todos”. 

Por su parte, la juez decana de Jerez, Castillo Mendaro, ha explicado que, siguiendo las instrucciones del acuerdo adoptado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre reactivación de las actuaciones judiciales, a partir del 25 de mayo se reanudará a pleno rendimiento  el  funcionamiento de los Juzgados y Tribunales, momento desde el cual se permitirá el acceso a los profesionales, se practicarán diligencias en trámite y se celebraran los señalamiento ya programados, priorizando el uso de los medios telemáticos en las actuaciones judiciales y procesales. La decana ha comentado que observa “con preocupación los obstáculos con los que nos encontramos en estos momentos para asumir las funciones que nos vienen  encomendadas, con instalaciones deficientes y equipos informáticos anticuados, que impiden incorporar a nuestro día a día  el uso de medios telemáticas para la celebración de juicios, vistas y comparecencias”. Pese a lo anterior, el El Consejo del Poder Judicial sí que ha anunciado que hará tests de anticuerpos a los 5.419 jueces de España, los cuales tendrán un coste económico de 56,30 euros, IVA incluido, cada uno de ellos.

Desde el Colegio de Procuradores de Jerez, el decano Fernando Carrasco, ha informado que en la Junta de Gobierno del pasado 5 de mayo destacaron que “no se asegura la protección a nuestra salud, no se nos indican qué medidas de verdad se van a adoptar en las salas de vistas y en las salas de espera,  qué pantallas de protección habrá, cómo se va a mantener la higiene en sillas, mesas y micrófonos entre vista y vista en todas las salas que estén celebrando a lo largo del día. Parece ser que con eximirnos del uso de la toga ya se nos da protección suficiente”. Por otra parte, detalla en el acta de la Junta que "el procurador tiene que asistir a diario a las distintas sedes judiciales para presentación en papel de copias de demandas, a realizar gestiones necesarias para la tramitación de los procedimientos, a retirar o entregar dispositivos de digitalización, a retirar o entregar causas penales que todavía se están tramitando en papel; el Real Decreto, sin embargo, no aclara cómo debe ser nuestra actuación para una adecuada protección".