Miguel Molina, diputado portavoz del grupo Andalucía Por Sí (AxSí) en la Diputación de Cádiz y coordinador territorial en la provincia, se ha hecho eco de la situación en que se encuentra el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG) después de la resolución de 24 contratos laborales el pasado día treinta de octubre. Para Molina esta situación merece de una solución urgente y adecuada, en tanto en cuanto la permanencia de la misma puede conllevar riesgos importantes que podrían llegar a afectar al funcionamiento del servicio por falta de personal.
"De los 138 trabajadores que había en plantilla se han quedado no más de 114 en activo. Esa aminoración de la mano de obra supone que la plantilla esté soportando acumulaciones horarias muy elevadas. Durante el último ejercicio se han realizado 12.800 horas extraordinarias por un total de 96 trabajadores, superando 56 de ellos el límite anual impuesto por Ley que cifra el tope en 80 horas", comenta Molina.
Ese cómputo horario puede verse incrementado en el ejercicio actual cuando la empresa cierre el balance del año. Por ello, y entendiendo que los andalucistas consideran que el servicio debería estar cubierto por personal propio y de carácter público, AxSí aboga por la aprobación de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT), la consolidación del actual y la creación de una bolsa de empleo lo antes posible que venga a dar respuesta a esta necesidad de personal que presenta la entidad.
"Desde Andalucía Por sí entendemos que es necesario garantizar la cobertura del servicio ampliando el capítulo 1 del presupuesto para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir y quede en peligro el servicio que ofrece el Consorcio de Aguas", continúa Miguel Molina.
Desde AxSí se insiste en que la fórmula para cubrir la necesidad de este servicio público debería llegar en base a la contratación pública y no parchear la problemática haciendo uso de subcontratas. "Es además una oportunidad de empleo para una zona muy deprimida laboralmente hablando, desde AxSí solicitamos que se habilite un proceso público, con garantías de transparencia y claridad para que de una forma definitiva se pueda poner fin al problema que en estos momentos tiene la entidad y que de seguir así solo puede ir a peor con el consecuente riesgo que ello comporta para el buen funcionamiento del servicio", finaliza el portavoz andalucista en la Diputación de Cádiz.
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