Anticorrupción pide ocho años de cárcel para el exconsejero jerezano del PSOE en la Junta Antonio Fernández

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una condena de ocho años de prisión para el exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, socialista jerezano, en relación con las subvenciones por una cantidad total de 33.309.789,16 euros "arbitrariamente" concedidas al entramado de sociedades del ya fallecido exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda para los cursos de formación de los que fueran trabajadores de la multinacional de automoción Delphi. Así lo ha informado 'Diario de Sevilla'.

En concreto, la Fiscalía Anticorrupción atribuye al jerezano un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro delito continuado de malversación, por lo que solicita para él la pena de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, por el delito de prevaricación, y de ocho años de prisión, inhabilitación especial de derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación absoluta por tiempo de 20 años por la malversación.

 

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción Número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha dictado ahora un auto en el que acuerda la apertura de juicio oral contra Fernández, el también exconsejero Manuel Recio y otras seis personas investigadas en relación con estas subvenciones.

El socialista jerezano Antonio Fernández García, exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, ya ingresó el pasado mes de enero en la prisión de Puerto III tras haber sido condenado por corrupción. Hay que recordar que esta no es la primera vez que Fernández pisa la prisión, ya que ya estuvo en prisión preventiva en marzo de 2012. Fernández está condenado a siete años, 11 meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta durante 19 años, seis meses y un día por los delitos de malversación y prevaricación dentro de la causa específica de los ERE.

El exconsejero del PSOE andaluz fue antes vicepresidente del Consejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) desde 1999 hasta 2004. Después, cuando lideró la cartera de trabajo en la Junta hasta 2010, quedó acreditado que repartió ayudas ilegalmente a empresas afines y se incluyó a sí mismo en un ERE de González Byass, asignándose el cobro de 386.181 euros. El socialista, además, había anotado como fecha de ingreso en la empresa la de su nacimiento, el 15 de julio de 1956, como si llevase la totalidad de su vida empleado en la compañía.

La Justicia consideró también a Fernández culpable de un delito continuado de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial, ambos en concurso medial con malversación de caudales públicos, y le impuso otros siete años y un día de prisión e inhabilitación absoluta durante 17 años y 15 días. La Audiencia decretó que "con la arbitraria concesión de la ayuda a Acyco (empresa de conservas)", se permitió "un desvío injustificado e ilegal de caudales públicos a favor de terceros, aceptado y consentido por las autoridades y funcionarios actuantes".