ATMJ: "La dejadez del Gobierno local cuesta a los jerezanos más de 3 millones de euros"

"No es ningún secreto que las decisiones que el Gobierno local toma, suelen estar precedidas o finalizadas por una decisión judicial. Son tantas las barbaridades que se están cometiendo en los últimos años...". Es la opinión de la Agrupación de Técnicos Municipales de Jerez (ATMJ), que a través de un comunicado ha denunciado que en diciembre de 2022, el Juzgado Contencioso Administrativo de Jerez ha dictado una sentencia que condena al Ayuntamiento de Jerez que gobierna el PSOE de Mamen Sánchez a indemnizar a una propietaria "con la suma de tres millones ciento veintitrés mil cuatrocientos sesenta y cuatro euros con setenta y dos céntimos de euro (3.123.464,72 €)". Todo después de no urbanizar el Consistorio un suelo del Polígono Pastranilla, tras las Bodegas Estévez.

Recuerdan desde ATMJ que al bufete privado contratado tras desmantelarse el gabinete jurídico municipal "le pagamos una enorme cantidad de dinero, además de un tanto por ciento de las costas ganadas, pero son los técnicos municipales los que se estudian los expedientes y además les preparan las notas para la defensa en juicio. Este extremo tiene a los técnicos, como es normal, bastante cabreados, porque es tarea del letrado conocer exhaustivamente el caso y preparar él mismo su nota, para mejor defensa de los intereses del Ayuntamiento en sala".

"¿Se ha perdido a consecuencia de la dejadez municipal en estos últimos años? ¿Se ha perdido a consecuencia de la pésima defensa judicial en los tribunales? ¿Una mezcla de ambas?", cuestionan desde el sindicato. No obstante, el fallo aún no es firme por lo que cabe recurso de apelación.

Tal y como publica Diario de Jerez, "el caso se remonta a hace casi dos décadas cuando la desaparecida Empresa Municipal de Suelo de Jerez (Emusujesa) inició los trámites para hacerse con la titularidad de buena parte de los terrenos de Pastranilla, un paraje situado entre las bodegas del Real Tesoro y los polígonos Guadalquivir y Ronda Oeste, en la carretera de Sanlúcar. Así, en 2004 firmó un convenio urbanístico con una de las propietarias de este suelo con la que acordaba, además de un precio por la transacción, que esta recibiría una parcela ya urbanizada en el futuro enclave industrial. Según el acuerdo, esta recibiría un solar de unos 19.000 metros cuadrados". Al pasar los años y no haberse realizado la urbanización del enclave industrial, el juez considera que la recurrente "ha sufrido un empobrecimiento en favor de la administración demandada [el Ayuntamiento] carente de causa legítima que lo justifique".