Andalucía Por Sí (AxSí) confía en el plazo mas breve posible que la Junta electoral de Zona en Jerez se pronuncie sobre el "uso ilegal de las instituciones para beneficiar a una determinada opción política". En concreto se refieren al "desembarco que se ha producido en toda Andalucía por parte de los consejeros del Gobierno andaluz, que, casualmente coinciden en sus agendas con actos, eventos o manifestaciones de los candidatos del Partido Popular en los distintos municipios y pueblos de Andalucía y que están interfiriendo en la campaña del 28 de mayo".
Esta formación recibió un requerimiento por parte de la Junta electoral de Zona, al que desde AxSí han respondido reiterando que "los responsables son a nuestro juicio los consejeros del Gobierno andaluz, sus jefes de gabinete y el consejero de presidencia máximo responsable de la coordinación de todos los departamentos, así como la candidata del PP en Jerez, la señora Pelayo, como máxima beneficiada de la presencia de los altos cargos de la Junta de Andalucía en actos de campaña celebrados en nuestra ciudad". Aseguran desde la formación que lidera Santiago Casal que se atienden "a lo establecido en los decretos de gobierno y estructura del Gobierno andaluz, así como en la reglamentación del BOE y en lo establecido en la LOREG para determinar el grado de responsabilidad de estos hechos".
Por otro lado, consideran "de extrema gravedad la decisión de la retirada de la campaña institucional del Ayuntamiento de Jerez utilizada por el PSOE", que también ha sido denunciada por la formación andalucista. No obstante, consideran "sorprendente y muestra el grado de desfachatez política que sea el propio PP el que ha denunciado al PSOE por el uso de la campaña institucional, cuando ellos utilizan a la Junta de Andalucía para lo mismo".
En AxSí instan a la Junta Electoral de Zona en Jerez a que no dilate la decisión y que la comunique al resto de la juntas electorales de Andalucía, "porque entendemos, como no puede ser de otra forma, que este uso espúreo de recursos públicos de determinada opción política, no solo es ilegal y antidemocrático sino que causa un daño difícilmente evaluable en aquellas organizaciones políticas que no disponemos de los recursos técnicos y económicos de los grandes partidos".
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