La Consejería de Igualdad de la Junta destina 41,7 millones a la financiación de los servicios sociales comunitarios

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado la Orden por la que se distribuye 41.750.905 euros entre las entidades locales andaluzas para la financiación de los servicios sociales somunitarios, correspondientes al ejercicio 2022. La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha subrayado la importancia de estos servicios, que cuentan con un millón de personas usuarias en Andalucía.

"Como centros de proximidad a la ciudadanía, son la puerta de entrada a servicios y prestaciones tan importantes como la atención a las situaciones de dependencia o a laRenta Mínima de Inserción Social. En estos servicios se llevan a cabo las primeras atenciones y prestaciones a la población, facilitando información, orientación, valoración y asesoramiento tanto para el acceso a servicios sociales como a recursos de otros sistemas de protección social", ha recordado la consejera.

Los créditos presupuestarios destinados a la financiación de los servicios sociales comunitarios en Andalucía serán transferidos por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación a las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de municipios de Andalucía con población superior a veinte mil habitantes.

De nuevo para este ejercicio, la Junta de Andalucía adelanta su aportación a la de la Administración General del Estado y, por primera vez desde hace décadas, publica la distribución de estos créditos en el primer trimestre del ejercicio. Estas cantidades serán destinadas a garantizar la continuidad de los efectivos personales y funcionales que desarrollan su actividad en el ámbito de los servicios sociales comunitarios de Andalucía y, específicamente, de las contrataciones realizadas por las entidades locales para reforzar los servicios sociales comunitarios en el desarrollo de las competencias atribuidas en materia de Renta Mínima de Inserción Social.

Asimismo, Rocío Ruiz ha destacado que "la comunidad andaluza cuenta con la red de centros de servicios sociales comunitarios más extensa del país con 250 recursos distribuidos por Andalucía, en la que trabajan más de 40.000 profesionales, de los cuales más de 35.000 son mujeres". La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha recalcado "el gran trabajo" que realizan las y los profesionales que están al frente de estos servicios, de quienes también ha destacado su contribución a la cohesión social.

La Junta asume el 70% de la financiación

Por otra parte, la consejera ha avanzado que el nuevo Plan Estratégico de Servicios Sociales de Andalucía apostará por una reorganización del modelo de los servicios sociales comunitarios a fin de mejorar la accesibilidad al sistema y adecuar la distribución de recursos a las necesidades de cada zona de intervención. Esta es una de las conclusiones aportadas por el estudio elaborado por su departamento y la Universidad Pablo de Olavide que constata, además, la infrafinanciación de este recurso. "El incumplimiento de la ley por parte del Gobierno central limita su aportación a un anecdótico 2%, de tal manera que el peso de este sistema de protección de la población más vulnerable recae en las comunidades autónomas, que en el caso de Andalucía soporta el 70% de la inversión", ha señalado.

El estudio señala que es la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, es la administración que soporta el 70% de la financiación del sistema de servicios sociales, con una inversión superior a los 629 millones de euros durante 2019, el periodo analizado. La administración local aporta el 27% (de los que el 19%, 176 millones, corresponde a municipios mayores de 20.000 habitantes y el 8%, otros 69 millones, a las diputaciones). Por el contrario, la administración central apenas aporta un 2%, en torno a los 18 millones de euros; y las personas beneficiarias el 1%.

El estudio "Servicios sociales comunitarios en Andalucía, modelo organizativo, recursos humanos y financiación", es una herramienta de diagnóstico con la que se ha querido analizar la situación real de un servicio que se configura como la primera red de protección social de las familias y personas en situación de vulnerabilidad. De esta forma, ha añadido la consejera, se pueden descubrir sus fortalezas y carencias para "potenciar lo que da buenos resultados y solventar lo que es necesario corregir".

"Desde las administraciones públicas tenemos el deber y el compromiso moral de contar con un sistema de servicios sociales fuerte, ágil, eficaz, para que los ciudadanos y ciudadanas se sientan reconfortados y atendidos. Así funciona el estado del bienestar: con una sociedad que apoya al que más necesidad tiene y ofrece oportunidades para intentar que todos avancemos al mismo paso", ha subrayado.