La reunión entre la Junta y el Ayuntamiento no logra desencallar las obras de la plaza Esteve

No hay acuerdo tras la reunión celebrada en el día de ayer entre la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, y la alcaldesa de Jerez, la socialista Mamen Sánchez, relativa a las obras en el entorno de la plaza Esteve.

El Ayuntamiento mantiene su posición, defendiendo que dispone de competencias para ejecutar la acometida en el eje que aglutina las vías de Corredera hasta Cerrón y argumentando que la eliminación de los adoquines no supone un daño al patrimonio. La Administración autonómica, por su parte, sostiene su planteamiento inicial que le llevó a decretar la paralización de las máquinas en la zona y considera que el adoquinado constituye un bien inmueble protegido contra el que se atenta demoliéndolo.

Sobre la mesa estaba la posibilidad de alcanzar una solución intermedia a lo propuesto por ambas administraciones, de modo que pudiera mantenerse una cierta superficie de adoquinado en la calzada y añadir bandas de rodadura de asfalto a los lados de la misma. Sin embargo, no se ha logrado desencallar la situación, como la propia Mamen Sánchez reconocía al salir del encuentro en Sevilla: "El Ayuntamiento ha defendido la tesis que no es más que la autonomía que tenemos para decidir sobre los proyectos de su ciudad y la consejera de Cultura estudiará ahora el recurso de alzada que hemos presentado y que tiene por objetivo suspender la paralización de la obra".

La regidora no da su brazo a torcer y, pese a contrariar el artículo 334 del Código Civil en España, opina que los adoquines son bienes "muebles" o móviles y que, por tanto, puede retirarse y ser trasladados a otras zonas. La definición de la legislación nacional, sin embargo, deja a las claras que los bienes son en todo caso inmuebles cuando forman parte de "las tierras, edificios, caminos y construcciones de todo género adheridas al suelo".

Al ser el pavimento histórico un bien protegido por la Consejería de Cultura y la Ley de Patrimonio Histórico andaluza, se precisaría el aval previo de la Junta de Andalucía para llevar a cabo una intervención como la que se ha iniciado a instancias del Gobierno local, que en ningún momento ha contado con tal aprobación y cuyo coste sobrepasa los 400.000 euros. En consecuencia el Ayuntamiento de Jerez se expone, si se le niega la razón tras el recurso presentado, a sanciones que pueden ir desde los 250.000 hasta el millón de euros, del mismo modo que el incumplimiento de la paralización en el que se viene incurriendo también está penado con importantes sanciones económicas a nivel administrativo.