La Fiscalía de Área de Jerez ha archivado la denuncia que el edil y portavoz municipal del Partido Popular, Antonio Saldaña, interpuso por la filtración del atestado que la Policía Local realizó tras su incidente de tráfico el pasado mes de mayo, en el que conducía bajo los efectos del alcohol.
Tal y como ha adelantado Diario de Jerez, el Ministerio Público entiende que existió delito al hacer que trascendieran los detalles del citado accidente. Concretamente se vulneraron los artículos 197 y 198 del Código Penal, los cuales establecen las penas para el delito de descubrimiento y revelación de secretos "como una vulneración de la intimidad de otra persona sin su consentimiento". Este delito en concreto está castigado con penas de prisión de seis meses a dos años. Sin embargo, ha sido imposible determinar quién o quiénes fueron las personas que lo perpetraron.
Una vez recibió la denuncia del mandatario popular, la Fiscalía investigó tres turnos del 092 (tarde, noche y mañana) que trabajaron el día de de los hechos, de modo que hasta una veintena de agentes fueron interrogados, sin que se haya dilucidado la participación de los mismos en la filtración del documento. Así, tanto los efectivos del cuerpo dependiente del Ayuntamiento de Jerez bajo las órdenes del Gobierno local del PSOE de Mamen Sánchez, como los propios responsables políticos consistoriales, salen indemnes en este caso. Cabe decir que contra esta decisión no cabe recurso puesto que se dictaminado de forma firme.
Antonio Saldaña fue condenado a pagar 840 euros de multa por un delito contra la Seguridad Vial y deberá cumplir un período de ocho meses sin carnet de conducir. Al líder del PP local se le declaró culpable al dar positivo con 0,88 mg/l de alcohol en sangre, que achacó a haber estado tomando unas copas de amontillado durante una reunión de trabajo en el bar Camino del Rocío, tras la Iglesia Conventual de Capuchinos.
Tal y como publicó masjerez, cabe señalar que el vehículo que Saldaña conducía triplicando la tasa de alcoholemia era pertenencia y estaba a nombre de una familiar suya que ni siquiera tiene permiso de conducir, que es una persona con discapacidad y que por tanto estaría exenta de pagar impuesto de circulación, el conocido como sello. Con el Honda Civic en cuestión (propiedad de dicha familiar, de segundo grado y con siglas S.S.M.) golpeó a otros tres coches con el suyo mientras aparcaba, si bien reconoció su error, que días después le llevaría a dimitir de su cargo de portavoz del Grupo popular en la Diputación de Cádiz empujado por la propia formación.
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