La secretaria del expediente de Mamen Sánchez a dos empleados del Ayuntamiento de Jerez (miembros sindicales ambos e integrante del Partido Popular en el caso de la mujer afectada) fue alto cargo y concejal del PSOE. Así las cosas, los populares ven que se trata de un caso de "clara persecución política".
La encargada del informe con objeto sancionador abierto recientemente por el Gobierno local de Mamen Sánchez a dos trabajadores perteneció a la agrupación socialista de Montellano, una de las históricas plazas del socialismo sevillano y cuyo anterior líder, precisamente en la época de esta socialista ahora empleada municipal, fue denunciado por enchufismo en la Faffe, caso en el que también se ha visto implicado el delegado jerezano Francisco Camas. Cabe reseñar que el antecesor de este líder en cuestión es actualmente uno de los varios centenares de asesores del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.
Por el momento, entre los hechos conocidos por este medio consta que la tarde del pasado lunes, 30 de noviembre, el Ejecutivo municipal del PSOE iniciaba la apertura de un expediente disciplinario para investigar a una delegada sindical de CSIF y también integrante en las listas electorales del Partido Popular, además de a otro miembro de la plantilla del Ayuntamiento igualmente afiliado al sindicato. Todo ello llegó poco tiempo después de que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios difundiera públicamente el incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por parte del Consistorio de Mamen Sánchez. Para comunicarle el informe de amonestación a la técnico y llevarse su ordenador de trabajo acudieron el edil socialista Jesús Alba, un notario externo, operarios de Infraestructuras y otros funcionarios al despacho de esta mujer en cuestión en las instalaciones municipales, lo que ha sido visto como una maniobra de "acoso" con el objetivo de amedrentarle". Incluso, distintas fuentes narran a masjerez que el referido notario exigió insistentemente la identificación mediante DNI de esta trabajadora, como si de un agente policial se tratase.
La formación que lidera Antonio Saldaña ha denunciado "este clarísimo caso de persecución política de Mamen Sánchez que evidencia que estos expedientes disciplinarios tienen un claro origen político y que solo buscan la discriminación y el acoso al Partido Popular", al tiempo que ha solicitado por escrito copia de los expedientes de contratación tanto del notario como de la empresa informática encargada de la inspección del equipo de la delegada, del que ahora tratan de averiguar el uso que se ha hecho, así como los documentos e información que ha almacenado y enviado. Además, desde el PP alertan que, como ya hiciera el PSOE en la Junta durante tantos años, Mamen Sánchez "podría estar enchufando a socialistas de diversos puntos de Andalucía en el Ayuntamiento a costa del dinero de los jerezanos". Es por ello que anuncian que investigarán los distintos procesos de selección llevados a cabo en los últimos años por Mamen Sánchez y el PSOE de Jerez por si, con fondos públicos, Mamen Sánchez ha colocado en la plantilla municipal a afiliados o miembros afines al PSOE.
"Por dignidad, tanto Mamen Sánchez como la secretaria del expediente deberían dimitir", manifiestan el PP en un comunicado. No obstante, el Gobierno local socialista ha respondido anunciando que llevará a los tribunales las acusaciones de enchufismo y, lejos de entrar en detalles o dar explicaciones ha pedido "el máximo respeto al procedimiento abierto con el inicio del expediente disciplinario que se instruye y en el que están afectados dos trabajadores municipales". El Ejecutivo municipal mantiene que el proceso por el que investiga a estos empleados se está llevando a cabo con garantías "con independencia de la filiación política, religiosa, sindical o sexual" de los afectados.
CSIF ha puesto estos hechos en conocimiento de su asesoría jurídica para estudiar las medidas legales oportunas que se van a tomar para subsanar este "atropello al sindicato y sus representados", considerando que estas acciones suponen "un claro ataque a la libertad sindical y a la labor fundamental que los sindicatos realizan, amparada siempre por la Constitución Española".
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